La Comunidad de Madrid recurre el acuerdo de Fuenlabrada relacionado con la finca de la Cantueña

La Comunidad de Madrid, a través de sus servicios jurídicos, ha presentado un recurso en el juzgado contencioso-administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento de Fuenlabrada relacionado con la reversión de la cesión de la Finca de La Cantueña donde el Gobierno regional está construyendo un centro para acoger a los menores no acompañados que llegan a España y que el Gobierno central está trasladando a las comunidades autónomas.

Según apuntó el Ejecutivo madrileño, se trata de un inmueble cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid, por lo que no puede ser revertido por el Consistorio fuenlabreño, ya que no ostenta su propiedad.

“Tenemos el mandato legal de atender a los menores no acompañados que han sido trasladados hasta nuestra región. ⁠La crisis migratoria y el caos del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de gestionar este asunto hace necesario que las comunidades autónomas ampliemos los recursos para atender a los menores no acompañados que en este momento están completamente saturados”, señaló el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El consejero insistió en que “una vez más el alcalde de Fuenlabrada está demostrando una completa insolidaridad y una total incoherencia porque es el Gobierno socialista, el de Pedro Sánchez, el que está desplazando a los menores no acompañados hasta nuestra región y a los que tenemos que atender. Otras localidades de la Comunidad de Madrid cuentan con centros de primera acogida de menores no acompañados y el Gobierno central ha habilitado campamentos en municipios como Madrid, Pozuelo de Alarcón o Alcalá de Henares”.

Por eso, continuó el consejero, exigen al regidor "que explique las verdaderas razones por las que no quiere atender a los menores en su municipio, abandone toda actitud obstruccionista y se sume a la Comunidad de Madrid a la hora de pedir al presidente del Gobierno que tome medidas para frenar la crisis migratoria y colabore de manera leal y transparente con las comunidades autónomas y los ayuntamientos”.