La Comunidad de Madrid refuerza su libertad económica con la entrada en vigor de Ley de Mercado Abierto
Primera región en la que empresas y operadores económicos de todo España puedan instalarse sin tener que solicitar permisos o licencias adicionales
Se prevé que el PIB autonómico pueda crecer en torno a un +1,6% a medio y largo plazo, lo cual se traducirá en una creación de riqueza próxima a 4.000 millones de euros anuales
Entra en vigor la ley de Mercado Abierto en Madrid Madrid, 01 oct (EFE).- La Ley de Mercado Abierto, impulsada por la Comunidad de Madrid, entra en vigor este sábado, con la que el Gobierno prevé "un aumento del PIB madrileño de un 1,6 % a medio y largo plazo" y con la que los empresarios de toda España pueden operar en la región sin tener que solicitar licencias adicionales a las de sus lugares de origen.
Tras su aprobación en el Consejo de Gobierno el pasado 2 de febrero, el proyecto se remitió a la Asamblea de Madrid el pasado 16 de junio, donde el PP y Vox unieron sus votos para sacar adelante esta ley, con la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere potenciar "la llegada de inversiones y ayudar a impulsar la actividad económica".
Con la Ley de Mercado Abierto, la Comunidad de Madrid es la primera región en la que empresas y operadores económicos de todo España puedan instalarse sin tener que solicitar permisos o licencias adicionales a los que ya tengan en sus lugares de origen.
La ley 6/2022, de 29 de junio, de Mercado Abierto, que se estructura en tres capítulos, 11 artículos y tres disposiciones finales, tiene como objetivo que, con carácter general, todo operador económico, establecido legalmente en el territorio nacional, pueda desplazarse libremente a la Comunidad de Madrid para ejercer su actividad sin sujetarse a los requisitos de acceso previstos en la normativa autonómica.
La normativa también recoge suprimir la regulación propia en aquellos casos en los que los requisitos de acceso a la actividad sean mayores que los de otras comunidades autónomas.
Gracias a ello, se prevé que el PIB autonómico pueda crecer en torno a un +1,6% a medio y largo plazo, lo cual se traducirá en una creación de riqueza próxima a 4.000 millones de euros anuales y unos 50.000 nuevos empleos.
Desde hoy, la aplicación de esta Ley suprime inicialmente casi 40 procedimientos administrativos diferentes, relacionados con inscripciones registrales, autorizaciones, certificados, comunicaciones y licencias, entre otras cuestiones.
Así, por ejemplo, ya no será necesaria la certificación de productos ecológicos para su venta al consumidor final, si ya la tienen en origen, o, en el caso de los agentes inmobiliarios, estos no tendrán que inscribirse en el Registro de la Comunidad de Madrid, si ya lo están en otro territorio.
El Gobierno regional, en el ámbito de sus competencias, promoverá entre las demás Comunidades Autónomas la adopción de una normativa similar a esta Ley, en aras a garantizar una verdadera unidad de mercado.
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