La Comunidad no recibe ofertas para construir la Ciudad de la Justicia
- Afirma que debido a la inestabilidad económica
- Se abre el plazo ahora para realizar la invitación a constructoras
La Comunidad de Madrid iniciará los trámites legales que permitan seguir avanzando con el proyecto de la Ciudad de la Justicia de la capital después de que no se haya recibido ninguna oferta económica en la licitación para la construcción, mantenimiento y explotación de la Ciudad de la Justicia, han informado fuentes del Gobierno regional.
Ante ello, el Gobierno regional empleará los cauces legales establecidos para este tipo de circunstancias. La Comunidad quiere levantar el complejo en Valdebebas para concentrar los 356 órganos judiciales dispersos en 28 inmuebles de la ciudad de Madrid.
Entre las causas por las que no han llegado ofertas, estarían entre otras la subida de los tipos de interés; la inestabilidad económica propiciada por el alza en los precios de los materiales de construcción y el encarecimiento de la energía; así como la situación generalizada de incertidumbre en el ámbito internacional.
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"Cursar una invitación"
Conforme a la Ley que regula la contratación pública en los casos en los que queda desierto un concurso público, la norma prevé la posibilidad de llevar a cabo un procedimiento negociado, siempre y cuando las condiciones esenciales del contrato no sean alteradas, como, por ejemplo, el presupuesto base de licitación.
Fuentes regionales han apuntado a Europa Press que "el objetivo ahora es contactar con el mayor número de empresas para cursar una invitación", invitando a "aquellas que estén bajo los parámetros de los criterios de solvencia recogidos en el objeto del contrato".
El pasado agosto, se abrió el plazo para la concesión del contrato para la construcción, conservación y explotación de la nueva Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid.
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El valor estimado del contrato sería de 2.847.986.667,47 euros. Fuentes regionales han detallado que la aportación pública nunca superaría los 2.100 millones de euros.
Sin embargo, se tuvo que ampliar en 21 días naturales el plazo de concurrencia para las empresas que querían optar a la licitación del proyecto de la Ciudad de la Justicia.
Entre los motivos para ampliar el plazo, destacaba que se trata de un proyecto de una enorme complejidad en una situación económica muy complicada que hace muy difícil la elaboración de un programa económico por parte de las empresas que se quieran incorporar a la oferta.
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Una ciudad, una concesión
Se calcula que el complejo judicial dará servicio diario cuando entre en funcionamiento a más de 30.000 personas, entre usuarios, funcionarios, empleados y operadores del sector.
La fórmula elegida por la Administración regional para la Ciudad de la Justicia consiste en una concesión con un plazo máximo de 40 años.
El canon asciende, como máximo, a 49,3 millones de euros más IVA, cantidad que no será sometida a revisión y sólo en un 20% de la misma hasta el octavo año del contrato.
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Además, esta cuantía solo será examinada nuevamente hasta que el licitador recupere la inversión realizada, y podrá ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten.
Esta cifra supondrá para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid un ahorro superior a los 20 millones de euros respecto a los 72 que invierte anualmente el Gobierno autonómico en la prestación del mismo servicio, incluyendo, entre otros gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico o archivo.
