La Comunidad recurrirá al Constitucional el impuesto a las grandes fortunas

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el impuesto a las grandes fortunas propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez al considerar que vulnera las competencias de la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, que dejaría de recaudar, según sus estimaciones, 5.000 millones de euros.

Este impuesto, acordado por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos pero que aún no ha sido aprobado, afectará principalmente a contribuyentes beneficiados por la supresión del impuesto de patrimonio en comunidades del PP como Madrid y Andalucía, puesto que el resto podrá deducirlo allí donde se sigue pagando este tributo.

Díaz Ayuso ya aseguró este lunes en una entrevista con la cadena Trece que la Comunidad de Madrid recurrirá este impuesto porque "arremete contra la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid".

Ambas regiones rechazan este impuesto, con el que el Gobierno pretende recaudar 1.500 millones de euros, y ya avanzaron que recurrirían a los tribunales si se constataba que invadía competencias.

Aunque aún no ha sido creado el proyecto de ley de creación de este impuesto, llamado por el Ejecutivo "impuesto de solidaridad", el Consejo de Gobierno ha analizado cómo será planteado, y esperan que se presente como ley ordinaria, lo que "choca con el principio de jerarquía normativa que es de las comunidades autónomas", ha explicado en rueda de prensa, el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, Enrique Ossorio.

Para el Gobierno regional es un impuesto "muy negativo" para la Comunidad de Madrid y los madrileños", que provocará una menor recaudación por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Ossorio ha estimado que la Comunidad de Madrid dejaría de recaudar 5.000 millones de euros y unas 13.000 personas "podrían irse a otros países que no tienen este impuesto".

Según el vicepresidente, esos 5.000 millones de euros son "el 88 % del presupuesto de educación o el 68 % de sanidad".

El Gobierno madrileño alega que la Ley Orgánica de Financiación Autonómica establece que son las comunidades las que tienen las competencias para regular la tarifa, deducciones o bonificaciones del impuesto sobre el patrimonio.