La Comunidad y el Ayuntamiento realojarán a 180 familias de la Cañada Real en cuatro años

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han ampliado el convenio con el que ambas administraciones aspiran a realojar a un total de 180 familias más del sector 6 de la Cañada Real Galiana con una vigencia de cuatro años.

El acuerdo, suscrito en la sede del consistorio de la capital por el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, y el delegado del área de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Álvaro González, es una adenda al convenio del 17 de diciembre de 2021.

En aquel momento, las administraciones regionales y locales, que prorrogaron el primer convenio firmado en 2018, se marcaron como objetivo el realojo de 160 familias.

Desde la rúbrica de aquel primer acuerdo, las administraciones han trasladado a 228 familias en situación de grave exclusión social: por parte del Gobierno regional, 139 a través de la Agencia de Vivienda Social (AVS), mientras que por el Ejecutivo local, “más de 90” por la EMVS.

Ahora, se aportarán un máximo de 180 viviendas a las familias residentes en el tramo comprendido entre la intersección con la carretera de circunvalación de acceso a la incineradora de Valdemingómez, en la parcelas 126 y 79 I, hasta las parcelas 102, letras E y F, y 72, en el distrito de Vallecas, que cumplan los requisitos para el realojo.

Podrán acogerse a estas reubicaciones las familias afectadas que residan y estén empadronadas en el mencionado ámbito territorial desde antes del 31 de diciembre de 2011; dispongan de unos ingresos familiares inferiores a 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y no tener otra vivienda en propiedad o en uso y disfrute.

También se requiere no haber sido adjudicatario como titular de vivienda de protección oficial o promoción pública en los últimos veinte años o no haber rechazado ninguna vivienda ofertada por la Agencia de Vivienda Social (AVS) o la EMVS para su realojamiento en los últimos años.

Por otro lado, la unidad familiar no podrá superar en el momento de la comprobación de los requisitos el límite máximo de titularidad patrimonial, tanto en el supuesto de bienes muebles como en el de inmuebles, correspondiente a nueve veces el valor del Indicador Público de Rentas a Efectos Múltiples anual.

La inversión, que será financiada a partes iguales entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, ascenderá a un total de 52 millones de euros.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha afirmado que la rúbrica entre los dos gobiernos, ambos del PP, es “un paso en la buena dirección” hacia la “erradicación del chabolismo” y las “condiciones de máxima precariedad” en la Cañada Real y ha señalado que en tiempos de “polarización”, “es bueno recordar las cosas que a todos nos unen”.

Por su parte, el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, ha declarado que la ampliación del convenio permitirá mejorar las condiciones de las familias del tramo e ir eliminando el problema de los asentamientos ilegales no sólo con el realojo, sino con el “seguimiento” posterior a través de los servicios sociales.