La Fiscalía pide archivar la causa del amianto de Metro de Madrid: ve delito, pero no autores conocidos

La Fiscalía de Madrid ha solicitado el archivo del procedimiento judicial sobre los fallecidos y afectados por exposición al amianto en Metro de Madrid. Considera que hubo delito contra los derechos de los trabajadores, pero "no resulta posible su atribución a los investigados ni a ninguna persona conocida".

Así lo sostiene la fiscal decana de Seguridad y Salud Laboral de la Fiscalía Provincial, Alejandra Navarro Herrera, tras la investigación que llevó a cabo el Ministerio Público a raíz del caso de un trabajador afectado, al que se unieron más víctimas.

El pasado 20 de julio se firmó el acuerdo entre varios sindicatos, Metro de Madrid y la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida) para resarcir económicamente a las familias de 13 trabajadores fallecidos y a otros 7 afectados por exposición al amianto en el suburbano.

Tras años de litigios, el acuerdo ante la Justicia determina el pago de unos 200.000 euros tanto a las familias de los fallecidos como de los afectados, y de entre 66.650 y 115.525 a los hijos. También prevé que se indemnice igualmente a futuras víctimas y estipula que Metro desistirá de todos los procedimientos existentes ante la Jurisdicción Social.

"La responsabilidad penal tampoco puede ser exigida a la empresa Metro de Madrid"

No se adoptaron las medidas preventivas ni de vigilancia de salud

La fiscal, en un informe de más de 30 folios remitido al juzgado, considera probado que no se adoptaron las medidas preventivas ni de vigilancia de salud de los empleados que estaban expuestos al amianto, pero no ha podido acreditarse sin dudas "que los investigados o persona conocida omitieran dolosamente la adopción de medidas de seguridad frente al amianto o que ocultaran intencionadamente su existencia".

"No ha podido determinarse que los investigados tuvieran control sobre el riesgo, hasta el punto de poder acreditar sin atisbo de dudas que pudieron efectuar cosa diferente a la que hicieron ni que tuvieran conocimiento de la situación de riesgo", explica.

La decana señala "las dificultades para determinar responsabilidades penales en casos de enfermedad profesional como la asbestosis, cuyo periodo de latencia se sitúa en torno a los 20-30 años", y también para concretar responsabilidades en una empresa con una estructura compleja, donde "la delegación de funciones y por tanto de la capacidad de decisión recae en un grupo diverso de personas que ejercen algún tipo de mando y dirección".

Por eso concluye que "la responsabilidad penal tampoco puede ser exigida a la empresa Metro de Madrid", aunque existe el delito.

"La ocultación del riesgo a los trabajadores supuso una desprotección absoluta y un desprecio intolerable a su seguridad"

"Metro Madrid expuso a un peligro sumamente grave a los trabajadores”

Sobre el delito considera constatado que "Metro Madrid S.A. expuso a un peligro sumamente grave a los trabajadores, dado que conocía la existencia de amianto en lugares y equipos desde el año 2003 y que los trabajadores realizaban trabajos con riesgo sobre este material altamente peligroso".

"La ocultación del riesgo a los trabajadores supuso una desprotección absoluta y un desprecio intolerable a su seguridad. No se alcanza a entender cómo se adoptaron medidas durante los años 2003 a 2006 para eliminar el riesgo de amianto durante tres años y después se efectuaran trabajos sobre MCA (material con amianto) sin haber evaluado ni planificado el riesgo de exposición al amianto", sostiene.

No obstante, la dirección del suburbano "ha acometido hasta la actualidad y desde 2017 las acciones necesarias para eliminar el riesgo existente, cumpliendo por tanto con la normativa", y ha efectuado "las gestiones adecuadas para tratar de reparar el daño de los trabajadores enfermos y de sus familias", lo que se ha plasmado en el acuerdo del pasado mes de julio.

La Fiscalía subraya la importancia del acuerdo, que "si bien, en modo alguno puede erradicar el dolor de las víctimas y de sus familias", ha sido calificado como "gran hito" por los sindicatos y tiene "un evidente contenido reparador".

En cuanto a las cifras que contiene el acuerdo, la fiscal destaca que "superan con creces las cantidades fijadas" en la normativa y que destinar siete millones para los afectados, "supone una de las mayores indemnizaciones conseguidas en España por la exposición al amianto".