La Justicia avala el proyecto de Madrid Nuevo Norte

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado el proyecto de Madrid Nuevo Norte al tumbar los nuevos recursos interpuestos contra el plan urbanístico al afirmar que la actual modificación "no altera la clasificación del suelo ni no conlleva un incremento significativo de la edificabilidad para actividades económicas", entre otros argumentos.

Así consta en diversas resoluciones, a las que tuvo acceso Europa Press, en las que la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima los nueve recursos interpuestos contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 25 de marzo de 2020, que aprobó definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de la capital en relación a la Prolongación de la Castellana y la Colonia Campamento.

La decisión supone, a la espera del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el aval a la ordenación urbanística del espacio denominado Madrid Nuevo Norte. Entre los recurrentes figuraban Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Muñoyerro Desarrollos Urbanos y Propiedades Chamartín S.A.)

Los demandantes solicitaban, en primer lugar, que se declarase nulo y se dejasen sin efecto los acuerdos adoptados por la Comunidad de Madrid cuando modificó el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, ya que, según su criterio, era una medida llamada a encubrir una revisión del planeamiento urbanístico de la ciudad que se fraguó, además, decían, vulnerándose el principio del procedimiento.

Simultáneamente, solicitaban la nulidad radical del acuerdo por haber sido fruto de un pacto previo entre ADIF/DCN y el Ayuntamiento de Madrid, algo prohibido en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM).

Además, impugnaban el plan porque alteraba el equilibrio entre edificabilidad y cantidad y calidad de las dotaciones, adolece de la adecuada consideración de alternativas de desarrollo urbanístico en su tramitación y evaluación ambiental, o que se aprovecha urbanísticamente de los suelos actualmente afectados al dominio público ferroviario al colocar sobre ellos una enorme losa de hormigón en la que se implantará la mayor parte de las zonas verdes del desarrollo.

RECHAZAN TODAS LAS ARGUMENTACIONES

Los magistrados desestiman todas las alegaciones presentadas por los demandantes, empezando por la primera, al considerar que la alteración urbanística llevada a cabo mediante la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana "siguió el procedimiento adecuado", al tratarse de una "mera modificación del planeamiento vigente y no de una revisión del PGOUM de 1997".

Además en su respuesta, los magistrados señalan que "en la actuación de regeneración urbana que lleva a cabo la medida adoptada, se mantienen los objetivos de regeneración y rehabilitación urbana, de cosido urbano para cerrar la cicatriz generada por las infraestructuras en el tejido de la ciudad y, en definitiva, de integración de las infraestructuras ferroviarias en ésta, respecto de lo contemplado en el PGOUM de 1997, incluida la modificación del año 2002".

Los magistrados apuntan que la actual modificación, no altera la clasificación del suelo; no conlleva un incremento significativo de la edificabilidad para actividades económicas; y prevé una superficie edificable destinada a viviendas de protección en torno al 20,78 por ciento, cuando en el planeamiento general precedente no se establecía una reserva mínima para este régimen de vivienda.

También exponen que integra una estructura ferroviaria con la construcción de una nueva estación intermodal que no supone un cambio en el modelo urbano de la ciudad de madrid, ya que se contemplaba en el PGOUM de 1997 y su puesta en marcha tampoco supone un incremento de la población en el término municipal de madrid superior al 20 por ciento.

En relación a la segunda de las alegaciones, los magistrados aseguran que "la intervención de DCN, beneficiario de los aprovechamientos urbanísticos de ADIF, que reconoce la propia introducción de la modificación recurrida y que condujo a la elaboración del documento de bases de 2017, no determina que nos encontremos en modo alguno ante un convenio de planeamiento, posteriormente materializado en la modificación".

Los jueces afirman que "no podemos deducir la existencia de desviación de poder o de actuación arbitraria en la aprobación de la modificación, porque basta con acudir a los antecedentes de planeamiento para advertir las razones de la necesaria y obligada colaboración de las administraciones en la ejecución y desarrollo del nuevo ámbito urbanístico, que no queda desdibujado por la integración de la empresa privada en la ejecución definitiva del mismo".

Y añaden: "Aún cuando a efectos dialécticos pudiera entenderse que materialmente, que no formalmente, el alcance del acuerdo entre DCN y el Ayuntamiento pudiera tener una relación directa con la modificación del Plan General, y que ésta tuviera una concordancia con los puntos que en la misma se recogen, su eventual consideración como convenio de planeamiento no determinaría por sí mismo la nulidad de la modificación, pues tal hecho no significaría que la plasmación en el instrumento urbanístico fuera realizado contraviniendo el interés general".

En cuanto a la alegación referida al aprovechamiento de los suelos actualmente afectados al dominio público ferroviario y a la colocación de una enorme losa de hormigón en la que se implantará la mayor parte de las zonas verdes del desarrollo, la Sala sostiene que "el nuevo suelo que genera el cubrimiento del sistema ferroviario resulta inscribible, de conformidad con el Real Decreto 1.1 1093/1997, sobre la inscripción en el registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística."

CELEBRAN LA NOTICIA

La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y la promotora del proyecto han celebrado este martes el aval a dicho plan urbanístico por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la ha calificado este martes de "muy buena noticia" y ha defendido que se trata de un proyecto "clave" para el desarrollo económico de la ciudad. El alcalde ha asegurado que Madrid Nuevo Norte supone "la mayor transformación urbana que hay en cualquier ciudad de Europa" y "la más ambiciosa" y ha recordado que se aprobó esta operación en los momentos "más duros de la pandemia" para que pudiera ser "una apuesta de futuro de la ciudad".

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha recordado que la operación viene respaldada por "todas las administraciones" y su éxito "determinará en buena medida la posición de la capital de España a la hora de competir entre las grandes ciudades del mundo”.

Martín ha apuntado que la iniciativa aportará al PIB madrileño 12.000 millones de euros durante los años que duren las actuaciones, según un estudio del Instituto de Predicción Económica L. R. Klein. El mismo documento cifra en casi 350.000 los empleos que creará la operación.

“Se trata de la mejor noticia posible, por cuanto supone la ratificación de un proyecto transcendental para Madrid, que los ciudadanos llevan esperando desde hace 30 años”, dice en un comunicado el presidente de CreaMNN, Álvaro Aresti, que pretende arrancar las obras de urbanización a lo largo del año 2024 en el ámbito de Las Tablas Oeste.

Por su parte, el concejal del Grupo Mixto del Ayuntamiento José Manuel Calvo, quien, como responsable de Desarrollo Urbano en el Gobierno municipal de Manuela Carmena, fue uno de los artífices del desbloqueo del proyecto, ha considerado que "es una gran noticia, porque avala que ese plan pueda seguir desarrollándose (...) los tribunales han avalado de forma sistemática el planeamiento que impulsamos", ha destacado Calvo en un audio enviado a los medios.

En noviembre pasado arrancaron las primeras obras de infraestructuras de Madrid Nuevo Norte, cuya tramitación administrativa culminó en marzo de 2020 tras un bloqueo de casi tres décadas.

La operación incluye 1.600.000 metros cuadrados de edificabilidad terciaria (oficinas y comercio de barrio) y 1.048.000 metros cuadrados de edificabilidad residencial, es decir, 10.500 viviendas, de las que 2.100 tendrán algún tipo de protección.