La acusación particular en el llamado 'Caso ITV Móstoles', que ejercen los exconcejales de Más Madrid Móstoles Gabriel Ortega y Susana García, ha presentando un recurso para pedir que se juzgue a la exalcaldesa Noelia Posse (PSOE) y a ocho de sus ediles también por "un presunto delito de malversación de caudales".
Este recurso, al que ha tenido acceso EFE, se produce después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles dictara el 1 de febrero pasado un auto en el que propone juzgar a Posse y los otros ocho ediles por un presunto delito de prevaricación por la condonación de una deuda a la empresa ITV Móstoles.
En concreto, la jueza María Pinto ha dictado un auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, lo que supone un paso previo a la apertura de juicio oral contra Posse y los otros ocho ediles por un presunto delito de prevaricación.
Sin embargo, la acusación particular en este caso, que ejercen los exconcejales de Más Madrid Gabriel Ortega y Susana García, ha recurrido el auto y pide que se incluya expresamente que las diligencias previas deben continuar por "un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos".
En el recurso de reforma, la acusación particular insiste en que la resolución de la jueza "no se ajusta a Derecho en cuanto a omitir hechos que pudiesen ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos".
Además, asegura que "queda reconocido en el Auto que el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del 20 de octubre de 2020 supuso un perjuicio para las arcas públicas y el correlativo beneficio para la mercantil ITV Móstoles, S.L.", por lo que piden también que se juzgue a los acusados por un delito de malversación.
Ahora, las diferentes partes personadas tendrán que presentar ante el Juzgado sus escritos de acusación o escritos de defensa de cara a que la titular del órgano jurisdiccional dicte en unos meses la resolución definitiva para que el juicio se pueda desarrollar en la Audiencia Provincial de Madrid.
Además de Noelia Posse, están acusados de un presunto delito de prevaricación el exprimer teniente de alcalde David Muñoz; la exconcejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto; el exedil de Seguridad, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín; y a la exedil de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz, todos ellos del PSOE.
Todos ellos continúan hoy en día como concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Móstoles, con la propia Posse como portavoz municipal, una vez que abandonaron el Gobierno municipal tras la victoria de PP y Vox en las últimas elecciones municipales.
También están investigados por este asunto las exediles de Igualdad Dolores Triviño y Beatriz Benavides; el exedil de Hacienda y de Recursos Humanos Aitor Perlines; y la exedil de Educación y Juventud, Natividad Gómez, esta última de Podemos, que ya han abandonado la política.
Desde la defensa de los acusados se ha apelado siempre a "la presunción de inocencia", insistiendo siempre en que se trataba de "una querella política" y que seguirían ejerciendo "su derecho a la legítima defensa con todo lo que sea necesario, igual que lo hacen todos los que recurren".
"Lo único que hicimos fue intentar salvar el sustento de 40 familias y ayudarles como también lo hicimos con muchas otras familias durante los momentos más duros de la pandemia", han añadido sobre el fondo del caso.