La exalcaldesa de Móstoles impugna la fianza impuesta por el caso ITV

La exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse (PSOE) y el resto de concejales y exconcejales socialistas implicados en el llamado 'Caso ITV' impugnarán el acta de liquidación provisional en el que el Tribunal de Cuentas les exige 667.000 euros de manera solidaria por los perjuicios causados a las arcas municipales.

La exregidora socialista y otros siete ediles de su anterior equipo de Gobierno fueron informados el 25 de julio pasado de que debían depositar esta cantidad de manera solidaria para evitar el embargo de bienes, todo ello por las "presuntas irregularidades contables" en el marco del 'Caso ITV'.

En el informe, la delegada instructora del Tribunal de Cuentas concluye que hay un alcance patrimonial de 555.162 euros de principal, más 111.969 de intereses que imputa al impago de los cánones de la concesionaria ITV Móstoles en 2015 y 2018, según el escrito al que ha tenido acceso Efe.

Tras informarles de la práctica de la liquidación provisional, la delegada instructora dio diez días a los investigados para que depositaran la citada cantidad o, de lo contrario, procedería al embargo de sus bienes de forma provisional.

"DERECHO A LA DEFENSA"

Sin embargo, los ediles y exediles socialistas han anunciado en un comunicado que van a impugnar el acta de liquidación provisional y la reclamación de fianza en relación con el presunto alcance contable al entender que "se les ha privado del derecho a la defensa por la negativa de la Instructora a la práctica de las Diligencias solicitadas".

"La Instructora no ha respetado los principios de objetividad e imparcialidad", insisten en un comunicado, en el que denuncian que el procedimiento "está politizado desde su origen", ya que el auto que impulsa las actuaciones previas "está firmado por Margarita Mariscal de Gante", exministra y exdiputada del PP.

Además, aseguran que "se ha ignorado que el representante del Ayuntamiento ha informado que el acuerdo no se ha aplicado y por tanto no hay ningún perjuicio para el Ayuntamiento".

Esta investigación se inició a raíz de que el interventor municipal, que fue destituido poco después, cese que ha anulado el recientemente el TSJM, denunciara ante el Tribunal de Cuentas "la presunta falta de recaudación de ciertos cánones adeudados por la mercantil ITV Móstoles".

Ahora, el Tribunal de Cuentas tendrá que dilucidar si la decisión adoptada por el Gobierno municipal con la citada empresa supuso un perjuicio para las arcas públicas, algo que también está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles y que está a punto de dictar apertura de juicio oral.