La reforma de la malversación rebaja la pena a una funcionaria que se quedó el dinero de renovaciones del DNI

Una funcionaria de la comisaría de Tetuán ha aceptado una condena de un año de cárcel por apropiarse del dinero que 37 ciudadanos abonaron para renovación el DNI por razón de caducidad o extravío.

Así consta en el acuerdo de conformidad alcanzado por su defensa y la Fiscalía de Madrid, al que tuvo acceso Europa Press, por el que se reducen los dos años de cárcel y multa de 2.700 euros que se solicitaban en el escrito de acusación por un delito continuado de malversación y otro de exacción ilegal.

Ahora, se impone una condena de un año de cárcel y 360 euros de multa por un delito continuado de malversación de caudales públicos, previsto en la reciente reforma del Código Penal en relación a esta tipificación por ser la más favorable al reo, en concurso con un delito de falsedad en documento público.

La rebaja se aplica al tenerse en cuenta las nuevas penas de dicho delito y apreciar el fiscal una atenuante muy cualificada por dilaciones indebidas y reparación del daño.

Según el fiscal, la acusada se apropió de 418 euros pagados en concepto de tasas para la renovación del DNI durante el desempeño de sus funciones.

Entre el 1 y el 29 de junio de 2018 era la encargada de expedir los DNI en su condición de funcionaria auxiliar de los Cuerpos Generales del Estado, donde formaba parte en el equipo 225 de la oficina de documentación de Tetuán de Madrid.

"Con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, se apoderó de las cantidades abonadas por los ciudadanos en concepto de tasa legalmente prevista por renovación del DNI por razón de caducidad o extravío, y realizó manipulaciones en el programa informático que utilizaba para dicha función, consistentes en introducir cambios en el domicilio de los ciudadanos o hacer constar que la renovación se producía por error en el chip, de modo que tales renovaciones apareciesen como exentas de tasa por obedecer a estos motivos", señala el Ministerio Público.

Asimismo, el 5 de junio de 2018 cobró a otra ciudadana una tasa de 11 euros cuando la misma acudió a renovarse su DNI por presentar error en el chip, "siendo éste uno de los supuestos legalmente previstos como exento de tasa, apoderándose de dicha cantidad en lugar de incorporarla al Tesoro Público".