Las universidades públicas de Madrid contarán con más de 1.000 nuevos profesores para rejuvenecer sus plantillas

  • De estos docentes, 656 serán financiados por el Ministerio y los 435 restantes por la Comunidad de Madrid
  • La Comunidad de Madrid protesta por la norma del Gobierno: "Esta ley perjudica la calidad de la universidad y la igualdad de oportunidades entre los alumnos. El Ministerio nos impone esta cacicada”
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid |EUROPA PRESS

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará en su reunión de este miércoles el convenio que permitirá firmar el Programa María Goyri para incorporar nuevos docentes en las seis universidades públicas la región. Así lo confirmó el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, el pasado lunes.

Este convenio, que se rubricará con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos, establece la creación de 1.091 plazas de profesor ayudante doctor para ampliar, rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores de estas instituciones. De estos docentes, 656 serán financiados por el Ministerio y los 435 restantes por la Comunidad de Madrid.

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El Ministerio solo financia la contratación de esos 656 profesores durante los seis primeros años y, pasado ese sexenio, el Gobierno regional asumirá las nóminas del total de los 1.091 profesores del Programa María Goyri. Para poner en marcha esta iniciativa de inmediato, el Ejecutivo autonómico aportará anualmente 17,5 millones de euros ya desde 2025.

Viciana señaló que el pasado miércoles envió al Ministerio una propuesta de convenio para adaptar su contenido a las necesidades de las universidades madrileñas, solicitando que éstas pudieran decidir cuál de las distintas figuras docentes universitarias querían contratar y no limitarla únicamente a la de profesor ayudante doctor, al menos en la parte financiada desde el primer momento por el Gobierno regional. Igualmente se requería la eliminación de términos ideológicos impropios de un convenio entre distintas administraciones, como las alusiones a la “oportunidad histórica” de la LOSU.

Críticas de la Comunidad de Madrid

“Es falso que la Comunidad de Madrid no quiera dotar de mayor estabilidad a las plantillas universitarias; el problema es que esta ley perjudica la calidad de la universidad y la igualdad de oportunidades entre los alumnos. Y el Ministerio, como en todo lo que tiene que ver con ella, se ha negado a negociar una vez más y nos impone esta cacicada”, denunció el consejero, que explicó que, “pese a esta actitud, la Comunidad de Madrid va a firmar el convenio por responsabilidad y compromiso con las universidades públicas de la región”.