López acusa a Cifuentes de implantar un modelo educativo "impulsado en negocio"

El portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Jose Manuel López, ha acusado al Gobierno regional de introducir la educación concertada como un modelo educativo "impulsado en el negocio" facilitando su implantación en detrimento de la pública, que es la que garantiza "el acceso a la educación".

López ha señalado en el Pleno en la sesión de control que la Comunidad que el Gobierno de Cristina Cifuentes se va a gastar "970 millones de euros en la educación concertada". Según el parlamentario, se ha hecho público un informe de 32 colegios concertados en el que "prácticamente ninguno" está cumpliendo con la legalidad vigente, ya que cobran importantes cantidades a familias y han sido construidos en terrenos pertenecientes a la Comunidad.

Ha subrayado que el objetivo del Gobierno regional es asegurar que la educación pública sea accesible y que haya "libertad de elección", que no existe cuando las familias tienen que pagar "150 euros mensuales por un colegio concertado" y la mayoría de los madrileños no lo pueden afrontar.

Además, ha asegurado que las familias solo se puede optar "a un concertado o privado" y que además, "se segrega" a los alumnos en las aulas, lo que considera "un mensaje sexista".

Por ello, su grupo propone aumentar en 50 millones la partida destinada a la construcción y el arreglo de centros públicos -con la condición de que se realicen en el primer semestre de licitación, duplicar la partida de formación del profesorado, y establecer un sistema de becas que garantice la formación gratuita.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, ha recalcado que en región predomina la educación pública para la que el Gobierno destina 7 de cada 10 euros. Cifuentes ha asegurado que no se ha puesto en marcha ningún concierto educativo y sí se han construido 14 centros públicos y se han ampliado otros 59.

En cuanto a la libertad de elección, la presidenta regional ha asegurado que su valoración es positiva cuando el 93% de las familias han elegido el centro donde escolarizar a sus hijos y ha acusado a Podemos de querer "experimentar con ellas".

Ante las críticas por las cuotas que algunos colegios concertados hacen pagar a los padres de sus alumnos, Cifuentes ha dicho que son "voluntarias" y si hay indicios de que se está incumpliendo la normativa, la Inspección Educativa actúa. Además, por primera vez Inspección está actuando de oficio. En opinión de Cifuentes, la educación tiene "un problema que se llama Podemos y su alergia a la libertad de elección".

La presidenta, además se ha congratulado de la rápida recuperación del portavoz de Podemos, que fue operado el pasado lunes de una hernia, gracias a su fortaleza y a los profesionales de la Sanidad publica madrileña. López ha dicho que ha podido someterse a la operación después de nueve meses, a lo que la presidenta regional ha respondido que, si no lo hizo antes, fue porque rechazó la derivación dos veces en dos centros públicos

METRO PODRÍA PERDER 88 MILLONES DE EUROS SI SE ARCHIVA EL PROYECTO DE LAS COCHERAS DE CUATRO CAMINOS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha indicado que Metro podría perder 88 millones de euros si no saliera adelante el proyecto de las cocheras de Cuatro Caminos.

Cifuentes ha ofrecido este dato durante su intervención en el Pleno de la Asamblea, donde el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, le ha reprochado que Metro acumule unas pérdidas de 500 millones de euros y que las pérdidas de 2015, cuando ya gobernaba ella, ascendieron a 72 millones, "siete veces más de lo presupuestado".

Aguado ha criticado la gestión de Metro por parte de los gobiernos del PP que, a su juicio, ante una caída del número de usuarios como consecuencia de la crisis, en vez de bajar los precios y mejorar el servicio como haría cualquier pequeño empresario, subieron las tarifas y empeoraron el servicio, provocando siete años consecutivos de pérdidas.

Por su parte, Cifuentes ha afirmado que "Metro Madrid presta un servicio público, aunque tenga que perder dinero", al tiempo que ha asegurado que su Gobierno está haciendo una "clara apuesta por mejorar el Metro de Madrid" y no busca solo la "rentabilidad" económica.

Cifuentes ha recordado medidas implementadas por su Gobierno, como la congelación de las tarifas, el nuevo Abono Joven, la contratación de 360 nuevos conductores, el incremento de su capacidad en 400.000 plazas, la inversión de 108 millones de euros en modernizar las líneas más antiguas, así como el "ambiciosísimo plan de accesibilidad", que incluye 80 nuevos ascensores.

"Metro Madrid funciona y funciona bien", ha afirmado Cifuentes, quien ha explicado que las pérdidas de 2015 de 72 millones de euros fueron debidas a que no se ejecutó la venta de dos terrenos de las cuales se esperaba obtener un beneficio.

"Lo que no ayuda al resultado económico de Metro son cosas como, por ejemplo, que se archive el proyecto de las cocheras de Cuatro Caminos, que además del perjuicio a los cooperativistas podría provocar una disminución de ingresos de 88 millones a Metro", ha señalado Cifuentes, para agregar que "tampoco ayuda que el Ayuntamiento de Madrid no aporte un solo euro a Metro" o "tener que pagar entre 8 y 9 millones para reforzar el transporte público cuando se cierra la Gran Vía".

Finalmente, la presidenta ha afirmado que "mucho menos ayudan" las "medidas demagógicas" apoyadas por Ciudadanos en la Asamblea y que "cuestan muchísimo dinero", como el "gratis total". "Piden el gratis total para Metro y por otro están criticando las pérdidas económicas de Metro, sean coherentes", ha zanjado.

GABILONDO PIDE MEDIDAS CONCRETAS PARA QUE NO SE EJECUTEN DESAHUCIOS

El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Angel Gabilondo, ha destacado la necesidad de medidas concretas ante la finalización de la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, lo que afectaría a 22.000 personas.

"No debemos olvidar que en la primavera de 2017 finaliza el plazo de cuatro años de suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables y ello afectaría a unas 22.000 personas", ha recordado Gabilondo en el Pleno de la Asamblea, dirigiéndose a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes.

"Desconocemos qué medidas concretas ha previsto su gobierno para cuando se reinicien los procedimientos judiciales y se ejecuten los lanzamientos", ha agregado Gabilondo, quien ha avanzado que su grupo parlamentario presentará una iniciativa para "garantizar derechos sobre la titularización de las hipotecas".

Además, Gabilondo ha afirmado que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, en la Comunidad, han aumentado los lanzamientos en el tercer trimestre y hasta septiembre de 2016 se han ejecutado 4.842, al tiempo que ha criticado "la venta hace escasamente tres años por el IVIMA de 2.935 viviendas propiedad de la Comunidad con una pérdida de casi cien millones de euros".

Por otro lado, ha afeado a Cifuentes que "de las 300 viviendas destinadas a integrar el rimbombante parque de emergencia social que anunciaron en su día, 18 meses después solo se han concedido poco más del 50 por ciento", y ha asegurado que "eso resultará insuficiente para abordar necesidades".

Cifuentes ha indicado que, según el Instituto Nacional de Estadística, las ejecuciones hipotecarias que afectan a viviendas se han reducido un 45% en el último trimestre, aunque ha dicho que no están satisfechos y que por eso han tomado "diversas iniciativas, como crear el parque de vivienda social que ya cuenta con 168 viviendas, pero que va a llegar hasta las 300 y que va a incorporar también el 5 por ciento de cada nueva promoción de vivienda pública".

La presidenta ha recordado que acaban de firmar un acuerdo con Bankia que quieren ampliar a otras entidades financieras para alquilar viviendas por 125 euros. Asimismo, ha dicho que han entregado 1.524 viviendas públicas y que están costeando el IBI de 200.000 viviendas, "cosa que, por cierto, el Gobierno socialista en Andalucía no hace; allí más de 43.000 familias de recursos escasos tienen que pagar el IBI, a diferencia de lo que ocurre en Madrid".

Cifuentes también ha señalado que la Comunidad no desahucia por impago a ningún inquilino de la Agencia de Vivienda Social y que se ha comprometido a no vender a ninguna clase de fondo de inversión ninguna vivienda social. Por ello y tras recordar que fue el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero el que aprobó el desahucio exprés, Cifuentes ha rechazado el modelo socialista, "el modelo de los desahucios exprés".