La Comunidad de Madrid registró en el primer semestre del año 43 accidentes mortales de tráfico, con 48 víctimas. Con respecto a 2019, último año de normalidad antes de la pandemia, estas cifras suponen un descenso del 26% en los accidentes (58 en 2019) y del 24% en las víctimas mortales (63 en 2019).
La delegada del Gobierno, Mercedes González, ha considerado "buenos" estos datos y ha destacado que siguen en una "senda positiva" y que continúan con el descenso "sostenido" que experimenta la mortalidad en las carreteras desde hace 20 años.
De las 48 víctimas mortales en los primeros seis meses de 2022, 33 murieron en vías interurbanas (10 menos que en 2019) y 15 en vías urbanas (5 menos que en 2019).
"Especialmente relevante" es, para González, la reducción de los accidentes mortales de motoristas: en el primer semestre de 2019 murieron 20 (13 en vías interurbanas y 7 en vías urbanas), mientras que este año han muerto 5 (3 en vías interurbanas y 2 en urbanas).
En cuanto al perfil demográfico de las víctimas, González ha señalado que la mayoría de los fallecidos en vías interurbanas tenían edades entre los 45 y los 54 años, lo que desmonta la idea de que "la siniestralidad está encajada en edades más jóvenes".
También ha incidido en que la mayoría de las víctimas (38) son hombres, frente a 10 mujeres, lo que a juicio de la delegada corrobora que estas "conducen mejor y son más prudentes en la carretera".
González ha apuntado, asimismo, que el 95% de los siniestros tienen "origen humano" y, aunque solo el 1,25% de los accidentes los provoca "el estado del vehículo", ha hecho hincapié en sugerir a quienes viajen este verano que revisen sus vehículos y pasen la ITV.
El jefe provincial de Tráfico de Madrid, Cristóbal Cremades, ha remarcado las tendencias generalizadas en toda España, como el descenso de los fallecidos en vías interurbanas, y ha destacado además que "han bajado mucho los accidentes en autovías y autopistas".
Cremades ha atribuido la buena evolución de los datos de siniestralidad a "la conjunción de varias políticas públicas", con medidas "concretas" como la bajada de la velocidad máxima en vías convencionales de 100 a 90 km/h y otras "complementarias" como las de urbanismo o educación vial.