Los afectados por el metro de San Fernando protestan por "la falta de alternativas dignas de vivienda"

Las familias de San Fernando de Henares damnificadas por la línea 7B de Metro se manifestarán este jueves, 31 de marzo. Ante los nuevos desalojos de viviendas y "la falta de alternativas dignas aprobadas por el Gobierno autonómico", saldrán a la calle nuevamente.

La marcha arrancará a las 19:00 se iniciará en el número 4 de la calle Somorrostro, zona donde comenzaron los problemas en las viviendas, y finalizará en la plaza de España.

Antes, desde las 17:00, diputados de los grupos Más Madrid, Socialista y Unidas Podemos que participan en la Comisión de Transportes e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid, mantendrán un encuentro con familias afectada.

El 18 de marzo los representantes vecinales de las calles Presa-Rafael Alberti y Pablo Olavide Impares-Ventura Argumosa, 20 se reunieron con el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, el viceconsejero y el director de Infraestructuras.

En el encuentro los responsables de la Administración comunicaron que ya tenían una alternativa habitacional para los nuevos desalojados, 14 familias de las calles Pablo Olavide (impares) y Ventura Argumosa 20 que a principios de abril deberán dejar sus viviendas.

El "problema" de los alquileres

Algunas familias llevan meses residiendo en apartahoteles y otras ahora pasarán a viviendas en alquiler. Pero los arrendamientos presentan un problema para algunas familias, según señalan.

El contrato de arrendamiento, por normativa de Tragsa (la empresa encargada de gestionarlos), tienen que realizarlo los propios afectados. Esto supone, explican, que deben asumir los gastos iniciales del nuevo alquiler (fianzas, mensualidades adelantadas y pagos de gestión inmobiliaria), que de media ascienden a los 3.000 euros, "pues la empresa no se hace cargo de ellos".

En segundo, es la posibilidad de tener problemas fiscales con Hacienda en la declaración de renta o de acceso a servicios públicos como el sistema de becas del Estado.

En tercer lugar, critican que el pago del alquiler se realiza en el marco de un contrato de emergencia que los afectados no saben cuánto va a durar. Si el alquiler de un inmueble es de doce meses y el contrato finaliza a los seis meses, “los afectados estarían atados a pagar seis meses más al mismo tiempo que sus hipotecas".

Además de los problemas que señalan con su realojo, hay una quincena de calles afectadas pendientes que afirman que no están contempladas por la Administración, a pesar de haber sufrido el impacto de los problemas del metro, tanto en la viviendas como en los comercios.