Luceño alega que no tiene dinero para pagar la fianza solicitada por el juez

El empresario Alberto Luceño ha alegado ante el juez del caso de las mascarillas que no puede atender la fianza de cuatro millones de euros que le impuso el magistrado, más allá de los bienes y cuentas ya embargados, aunque se compromete a atender esa solicitud "tan pronto disponga de patrimonio".

En un escrito remitido este miércoles al titular del Juzgado de Instrucción número 47, al que ha tenido acceso Efe, la defensa del empresario comunica "muy respetuosamente" al magistrado "la imposibilidad del Señor Luceño de atender a la fianza impuesta, sin perjuicio de los bienes y saldos en cuentas corrientes ya embargados, si bien tan pronto se disponga de patrimonio se atenderá a la solicitud".

El juez Adolfo Carretero dio el martes un plazo de 48 horas a Luceño, investigado junto a Luis Medina por una posible estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario, para que abonara 4.023.966,94 euros que le quedan por asegurar de fianza.

En el mismo auto el juez rechazó imputarle un delito de alzamiento de bienes -que sí pesa sobre Medina- ni un delito fiscal, como pedía alguna acusación.

Según el juez, hasta el momento sólo ha podido ser embargado a Luceño un inmueble valorado en 1,1 millones de euros, diversos vehículos valorados en 946.136,66 euros y el saldo de cuentas corrientes por un importe de 129.140,70 euros.

Por ello y teniendo en cuenta que el importe de sus responsabilidades pecuniarias alcanza 6,2 millones de euros, el juez fijó para él una fianza de cuatro millones de euros, como pedía el fiscal, que debía abonar en un plazo de 48 horas.

En relación con este caso el magistrado ha dictado este miércoles una providencia en la que suspende la declaración prevista para el día 9 de Elena Collado, la responsable municipal que cerró los contratos con los empresarios investigados.

Collado estaba citada como testigo pero, al haber pedido el Grupo Mixto que sea citada como investigada, el juez pide a las partes que se pronuncien sobre si esta funcionaria debe ser citada como testigo o como imputada.