Kenia, la hija de Lucrecia Pérez, la emigrante dominicana que fue asesinada a tiros en Madrid por unos encapuchados el 13 de noviembre de 1992, trabaja en el Movimiento contra la Intolerancia para ayudar y acompañar a las víctimas de delitos de odio.
"Me dedico a luchar contra el racismo y la xenofobia y apoyar a los demás para que reflexionen. Aunque lo que nos pasa es doloroso, nos deja secuelas y no se nos va a olvidar nunca, tenemos que esforzarnos por convertir el odio en tolerancia", afirma Kenia, que tiene 31 años.
Tras el asesinato de su madre, dice que no tuvo apoyo psicológico, aunque contó con el respaldo de su padre, que le enseñó a salir adelante.
Lucrecia Pérez tenía 33 años cuando fue asesinada a tiros por un guardia civil fuera de servicio, escoltado por tres adolescentes.
El crimen se produjo cuando la víctima cenaba a la luz de unas velas con otros compatriotas entre las ruinas de la antigua discoteca Four Roses, del barrio madrileño de Aravaca y que decenas de inmigrantes utilizaban como refugio.
Debido a sus connotaciones racistas, el caso del asesinato de Lucrecia Pérez provocó una gran conmoción y rechazo en la sociedad, y los cuatro implicados en el crimen fueron condenados a penas que sumaron 126 años de cárcel.
"La muerte de mi madre me ha afectado y me seguirá afectando toda la vida, pero tuve la capacidad de luchar, de estudiar y de mirar las cosas de otra manera", confiesa Kenia, quien asegura que ella no odia a los españoles: "No todos mataron a mi madre; fueron cuatro".
El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, subraya que veinticinco años después del crimen de Lucrecia Pérez, el primer crimen de odio reconocido en España, se han reforzado los instrumentos para combatir este tipo de delitos, aunque quedan retos pendientes como una ley integral y planes para reforzar la protección de las víctimas.
En este cuarto de siglo, según esta organización, se han producido más de un centenar de crímenes de odio en España.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías autonómicas registraron 1.272 incidentes por delitos de odio el año pasado, un 4,2 por ciento menos que en 2015, según datos del Ministerio del Interior.
No obstante, Ibarra precisa que solo se denuncian entre un 15 y un 20 por ciento de todos los incidentes que se producen en España, que cifra entre 4.000 y 6.000 al año.
"Los años noventa fueron muy crueles, con decenas de asesinatos y agresiones por odio, pero la situación ha mejorado en los últimos tiempos", sostiene.
La respuesta institucional a estos delitos cambió en el año 2014, con la creación de las 52 fiscalías provinciales de delitos de odio y discriminación y con los informes del Ministerio del Interior sobre las denuncias en este ámbito.
Otro cambio importante se produjo en el año 2015 con la reforma del artículo 510 del Código Penal para incluir la incitación a la discriminación, el odio y la violencia, por la raza, la ideología, la religión, las creencias, la situación familiar, el origen, el sexo, la orientación sexual, enfermedad o minusvalía.
Esta modificación del Código Penal permite combatir los "abusos" que hay en internet, porque, "ahora, el odio cabalga en la pista deslizante de las redes sociales", asegura Ibarra.
A raíz de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, ha crecido la islamofobia, y, como consecuencia del desafío independentista en Cataluña, han aumentado tanto la hispanofobia como la catalanofobia, indica.
"Cuando la intolerancia crece hacia un sector de la población, se expande a otros. La gente cambia la actitud y se vuelve más agresiva y más intolerante con todo", advierte.
Por ello, "educar para la tolerancia es la gran asignatura pendiente que tiene este país con el fin de cumplir con los mandatos de la Unesco", resalta.
Su principal petición al Gobierno es una ley integral de delitos de odio y planes a nivel central y autonómico para afrontar el problema en todas sus dimensiones en lugar de poner "parches y tiritas".
La ley y los planes permitirían paliar el "desamparo" de las víctimas de delitos de odio como consecuencia de "la falta de apoyo institucional, el sufrimiento, las represalias y situaciones psicológicas muy duras", detalla.
Otra de sus demandas es la creación de una "tarjeta humanitaria" para regularizar a los emigrantes "sin papeles" víctimas de racismo, xenofobia o cualquier forma de intolerancia, ya que hay muchos extranjeros que han sido atacados por racistas o neonazis y que tienen miedo a denunciar por su situación irregular.
