Luz verde de la Asamblea al dictamen sobre la reforma electoral

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado hoy el dictamen para la reforma de la ley electoral, que ha salido adelante con el apoyo de 70 diputados del PP y el rechazado de 56 parlamentarios de los tres grupos de la oposición, PSM, IU y UPyD, que han presentado votos particulares. El dictamen finalmente defiende que la reforma electoral se pueda llevar a cabo sin modificar el Estatuto de Autonomía -cuyo cambio exige una mayoría reforzada de dos tercios de la Cámara-.

El texto aboga también por una reforma que tome como modelo el sistema electoral alemán para elegir a un número de diputados de forma directa -el PP apuesta por que un tercio de los diputados de del Parlamento madrileño sean elegidos de forma directa en 43 distritos electorales-.

El dictamen recomienda afrontar la reforma desde el "mayor acuerdo parlamentario, político y social posible"; limitar el número de diputados, y mantener la barrera electoral de entrada en la Asamblea en el 5% de los sufragios.

INMOVILISMO

El portavoz del PP, Iñigo Henríquez de Luna, ha acusado a la oposición de mantener un "inmovilismo a ultranza", lo que, a su modo de ver, agudiza el distanciamiento entre los ciudadanos y los políticos.

En este sentido, ha manifestado que esto está "generando que otras formaciones de nuevo cuño existan e intenten dar soluciones a problemas complejos".

Henríquez de Luna ha negado que la reforma electoral sea un "traje a medida" de los intereses electorales del PP. "Basta ya de esa monserga cansina", ha agregado el portavoz de los populares, quien ha recordado que ya Esperanza Aguirre, en su discurso de investidura en 2003, planteó una modificación del sistema electoral.

Desde entonces, según Henríquez de Luna, el PP ha estado trabajando para conseguir una reforma electoral con consenso, pero, a su juicio, los grupos de la oposición "no quieren cambiar absolutamente nada" y sólo pretenden ganar tiempo para que el posible cambio no se aplique nunca, porque "les aterra".

SIN ACUERDO

Por el contrario, la diputada del PSM Maru Menéndez ha reprochado al PP que en el dictamen final hayan desaparecidos los acuerdos que que, según ella, se habían alcanzado en el seno de la comisión de estudio.

En opinión de Menéndez, existía consenso en torno a la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía para hacer una modificación del sistema electoral y que, de realizarse la reforma, fuese "lejos" de una convocatoria de lecciones.

Sin embargo, la parlamentaria socialista ha aseverado que estos elementos comunes desaparecieron del texto final del dictamen, lo que "ha dado al traste con cualquier posibilidad de acuerdo".

Para la dirigente del PSM, el Gobierno de la Comunidad y el PP tienen miedo a perder el poder y lo quieren conservar "a toda costa a través de un pucherazo electoral" y con un "traje a medida" de sus intereses.

En la misma línea, la portavoz adjunta de Izquierda Unida, Eulalia Vaquero, ha afirmado que el PP quiere llevar a cabo "un golpe institucional sin precedentes".

Tras subrayar que, como han manifestado todos los expertos que han pasado por la comisión de estudio no hay ninguna reforma electoral "neutral", Vaquero ha dicho que los populares "por muy desesperados que estén" no pueden hacer esta reforma.

La diputada de IU ha destacado que incluso el expresidente regional Alberto Ruiz-Gallardón mostró en la comisión de estudio su convencimiento de que la reforma electoral requiere la modificación del Estatuto de Autonomía.

Por su parte, el portavoz del Grupo de UPyD, Luis de Velasco, ha expresado su "absoluto y total rechazo" a la propuesta de reforma "tanto desde el punto ve vista jurídico como político".

De Velasco ha apuntado también que esta modificación del sistema electoral "no arregla la desafección de los ciudadanos hacia los políticos". "Los experimentos hay que hacerlos con gaseosa; nos parece un paso demasiado arriesgado", ha concluido.

RECHAZADAS LAS ENMIENDAS A LA LEY DE ADAPTACIÓN A LA REFORMA LOCAL

Además la Asamblea de Madrid ha rechazado hoy las tres enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición, PSM, IU y UPyD, al Proyecto de Ley de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad, Salvador Victoria, ha explicado que este proyecto de ley apoya a los ayuntamientos, da certeza y garantiza la sostenibilidad de los servicios. Tras afirmar que el Gobierno regional tiene una "vocación municipalista", Victoria ha explicado que podrían haber optado para adaptarse a la legislación estatal con un "una circular", pero se han decantado por dar una mayor certeza a las relaciones entre la administración autonómica y las corporaciones locales.

El también portavoz del Ejecutivo madrileño ha justificado la urgencia de la tramitación de este proyecto de ley para garantizar la continuidad de los servicios con "una estructura jurídica que preserve de cualquier incertidumbre", ya que se mantienen los convenios con 179 municipios en educación, sanidad y violencia de género, entre otras materias.

En este sentido, ha señalado que 54 mancomunidades tendrán seis meses para adaptarse a la nueva legislación, 22 de ellas de servicios sociales, que afectan a 683.000 ciudadanos.

Sin embargo, el diputado del PSOE José Luis García Sánchez ha afirmado que la vocación municipalista se "demuestra con hechos", algo que, a su juicio, el Gobierno de la Comunidad no hace, y, tras calificar de "brutal" la Ley de Administración Local, ha señalado que el Ejecutivo pretende trasladar esta legislación estatal a la Comunidad de Madrid y ha recordado que 2.393 ayuntamientos de toda España han recurrido esta norma al Tribunal Constitucional, entre ellos, ha indicado que algunos municipios madrileños gobernados por el PP, como el de Alcalá de Henares.

"Este Proyecto de Ley del Gobierno ni racionaliza ni sostiene nada, lo único que quiere es vaciar de contenido a las corporaciones locales, a las que se quiere convertir en meras oficinas administrativas, y además con este texto tampoco se atiende a las necesidades reales de los municipios españoles", ha agregado.

Para el portavoz adjunto de UPyD en la Cámara, Ramón Marcos, el proyecto de ley de adaptación no ayuda a solucionar ninguno de los problemas que no ha resuelto la ley estatal, ya que no afronta las duplicidades ni fomenta la fusión de municipios. En opinión de Marcos, la futura ley tampoco incentiva la lucha contra la corrupción, que, según él, invade la administración local.

El diputado del PP Bartolomé González ha defendido el compromiso municipalista del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que "ha trabajado por y para los ayuntamientos" y que ha atendido las reivindicaciones municipales para que puedan ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos. En este sentido, González ha indicado que el proyecto de ley ha sido consensuado con las corporaciones locales, a través de la Federación Madrileña de Municipios.