Luz verde a la nueva ley de medio ambiente y ordenación del territorio

La Asamblea de Madrid ha dado luz verde al Proyecto de Ley de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid, que trata de "actualizar, simplificar y racionalizar" la normativa regional.

Ha sido con los votos a favor del PP, la abstención de Vox y el rechazo de PSOE y Más Madrid en el pleno extraordinario que ha tenido lugar este viernes tras el que ha aprobado los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2025.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, defendía esta ley en julio --cuando la aprobó el Consejo de Gobierno-- como una norma que buscaba "facilitar el desarrollo de grandes proyectos" y "acelerar la edificabilidad porque se podrá solicitar licencia desde el momento de la reparcelación, lo que supone un adelanto de cerca de un año en los plazos".

También pretendía agilizar "los trámites urbanísticos municipales tras la aprobación de las 'Leyes Ómnibus' y de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida"; permitiendo a los ayuntamientos ir avanzando en el "planeamiento mientras se sigue tramitando la nueva reforma integral de la Ley del Suelo, actualmente en preparación".

CRÍTICAS DESDE LA OPOSICIÓN

En el debate parlamentario, el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha criticado que esta sea "la cuarta Ley Ómnibus" impulsada por el Gobierno y "la enésima reforma de la Ley del Suelo". Ha cargado duramente contra la forma de impulsar esta norma pero ha justificado su abstención en que no están en desacuerdo "con la mayoría" de lo que se propone.

Por su parte, el diputado de PSOE Javier Guardiola ha coincidido en tachar de "chapuza" la forma en la que se ha impulsado esta norma, con la que considera que los 'populares' "materializan un modelo ideológico para Madrid": "una gran zona metropolitana abierta al mundo pero contra su gente, contra el Estado, que pueda subsistir al margen de España". "No apoyamos esta ley que hacen, veremos las repercusiones en las personas, lo vamos a ver en un futuro y ustedes mismos se van a repetir de estas modificaciones", ha trasladado.

El diputado de Más Madrid Alejandro Sánchez se ha sumado a las críticas. "Las formas en democracia son muy importantes, incluso cuando se tiene mayoría absoluta", ha recordado a continuación, para posteriormente sostener que el Gobierno considera la Asamblea "un estorbo". Asimismo, ha indicado que con esta ley se continua en la senda de "a las empresas todo, para la gente corriente nada".

INCORPORACIÓN DE 19 ENMIENDAS

Esta norma ha incorporado en el trámite parlamentario 19 enmiendas y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial (BOCM).

Persigue no solo impulsar el desarrollo económico y urbanístico, sino también posicionar a Madrid como referente en políticas sostenibles, desarrollo tecnológico y planificación estratégica.

También se centra en aumentar la oferta de vivienda; avanzar en los objetivos de descarbonización; garantizar el relevo generacional del sector primario; combatir la despoblación en las zonas rurales, y blindar la prestación de los servicios públicos para la gestión del ciclo del agua.

En materia urbanística, la Ley se centra en la simplificación de procesos urbanísticos, adelantando los plazos para solicitar la licencia desde el momento de la reparcelación y mejorando la agilidad en el trámite de licencias, además de fomentar la eficiencia energética en los edificios y potenciar el desarrollo de viviendas en municipios en riesgo de despoblación.

La reforma incluye medidas para los grandes desarrollos en curso como Valdecarros o Los Berrocales o el futuro Madrid Nuevo Norte, en la capital.

Los propietarios podrán solicitar licencias de edificación antes de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación.

Asimismo, los ayuntamientos podrán avanzar en su planeamiento mientras se sigue tramitando la nueva reforma integral de la Ley del Suelo e incluir más dotaciones públicas y espacios verdes.

IMPULSA LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR AGRARIO

Los cambios también buscan "beneficiar" a agricultores y ganaderos, ya que se reducen las autorizaciones urbanísticas y se modernizan los regadíos, lo que supondrá un ahorro de agua y mejorará la rentabilidad del sector primario.

De la misma forma, permite más usos y actividades en suelo rural no urbanizable, junto a la comercialización directa de los productos agroalimentarios en las instalaciones, para una mayor competitividad.

El Ejecutivo regional podrá desarrollar Planes de Protección del Paisaje, compatibilizando el cuidado del patrimonio natural con los usos tradicionales de zonas rurales, flexibilizando las reparaciones de caminos, tapias de piedra o infraestructuras ganaderas para contribuir al desarrollo, y frenar la despoblación.

La normativa agiliza igualmente la aprobación de proyectos de obras de infraestructuras hídricas y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos relacionados con la gestión del ciclo del agua.

Así, se habilita un procedimiento exprés para las obras de interés público de Canal de Isabel II y se elimina el Plan Especial de Infraestructuras para obras, lo que permitirá agilizar las incluidas en el Plan Sanea en 59 municipios.

FACILITA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESENCIALES

Por otra parte, la Ley facilitará la instalación de infraestructuras esenciales como las redes de transporte eléctricas y de telecomunicaciones, sin necesidad de planes especiales, reduciendo de esta manera hasta dos años su periodo de tramitación.

Entre otros, se fomentará la instalación de Centros de Procesamiento de Datos (CPD) en Suelo Urbanizable No Sectorizado, mediante la fórmula de Proyecto de Actuación Especial.

Asimismo, elimina los Planes Especiales de Infraestructuras para la distribución o transporte de energía.

La entrada en vigor de la Ley Estatal de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales requiere adaptar la normativa autonómica, y la normativa aprobada por la Asamblea madrileña lo contempla para evitar así contradicciones y aportar mayor seguridad jurídica y coherencia en el conjunto del ordenamiento jurídico español en esta materia