La Comunidad de Madrid ha anunciado la aprobación del decreto del juego para el próximo mes de abril. La intención es "reforzar los controles y la sostenibilidad del sector del juego en la región, especialmente en lo que refiere a los salones de juego y las salas de apuestas", dice en un comunicado.

Tal y como ha anunciado el Gobierno regional, en los locales de apuestas habrá a su entrada un vigilante que controle la edad de las personas que entran y si están en listas de ludópatas. Se pretende evitar la entrada de menores y de personas pertenecientes a colectivos vulnerables.

El decreto marcará también una distancia mínima entre estos locales y los centros educativos.

Además, prevé recaudar el 0,7% de lo recaudado en estos locales para prevenir y tratar la ludopatía.

El programa Crónicas Subterráneas, emitido en diciembre por Telemadrid, desveló que el 26% de los institutos (uno de cada cuatro) de la capital están a menos de 200 metros de un local de apuestas, dado que, a diferencia de otras comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid no cuenta hasta ahora con prohibiciones al respecto.

En Madrid hay más de 300 casas de apuestas, con un total de 219 centros. Puedes consultar el mapa aquí.

"Vamos a ser todavía más garantistas en el cumplimiento de la ley"

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha confirmado la aprobación de este decreto este jueves en una respuesta parlamentaria en el Pleno de la Asamblea regional. "Vamos a ser todavía más garantistas en el cumplimiento de la ley, por lo que próximamente vamos a aprobar un decreto que endurecerá aún más los controles”, ha destacado.

Además de las ya mencionadas, la Comunidad de Madrid prevé otras medidas, como intensificar la exigencia para que la rotulación de estos salones de juego y salas de apuestas no oferte juegos no autorizados en los locales o que las autorizaciones de funcionamiento del juego no sean transferibles, salvo que sea una persona física por mortis causa. Además, se exigirá que los locales de apuesta solo puedan ser explotados y gestionados por las empresas autorizadas por la administración autonómica.