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La Comunidad de Madrid empleará una herramienta informática propia para controlar el desarrollo de los cursos de formación a trabajadores apoyados por fondos públicos, según ha anunciado hoy la consejera de Empleo, Ana Isabel Mariño.

En una visita a una emprendedora en la que ha acompañado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y al titular de Transportes, Pablo Cavero, Mariño ha indicado que su departamento está "culminando" esta herramienta de control informático.

Este sistema se está preparando, ha agregado la consejera, porque la Comunidad no ha firmado en el último año el convenio para el control de los cursos vigente desde 2005 con la Fundación Tripartita -un órgano de apoyo a la administración en el que están presentes el Gobierno central, la patronal y los sindicatos-.

A raíz de esta decisión, ha indicado, serán los técnicos de la Consejería de Empleo lo que ahora pasen a desarrollar por completo el control de los cursos de formación en la Comunidad de Madrid.

Mariño ha dado cuenta de esta medida de control, así como otras que ha llevado a cabo o está preparando la Consejería, en respuesta a una pregunta sobre informaciones que apuntan hoy que la Cámara de Cuentas conocía irregularidades en la realización de cursos de formación desde el año 2005.

Las presuntas irregularidades en la gestión de estos fondos -provenientes del Gobierno central y de administración autonómica madrileña- han motivado la detención, en las últimas semanas, de trece personas supuestamente vinculadas a supuestos fraudes en el desarrollo de los cursos.

Mariño, que ha recordado que es titular de Empleo desde finales de 2012, ha explicado que, tras conocer los datos de la Cámara de Cuentas relativos a supuestos incumplimientos de la normativa de los cursos de formación, se introdujeron en las sucesivas órdenes las sugerencias del órgano fiscalizador.

Como medidas para que cambie la "desconfianza" generada en torno a los cursos, ha explicado Mariño, se han introducido modificaciones como la realización de auditorías obligatorias de todos los cursos o la obligatoriedad de que haya cuentas bancarias restringidas para los fondos destinados a los cursos para saber si las empresas han obtenido plusvalías con estos, que deben reinvertirse en formación.

Además, ha expresado Mariño, se ha eliminado la "formación a distancia" -los cursos vía correo ordinario- de las últimas órdenes; y se ha marcado que el 40 % de los gastos tengan que ser obligatoriamente destinados a los docentes.

Igualmente, se han establecido controles más importantes de los costes que se podían achacar a las subvenciones y se han elevado los porcentajes de cursos controlados para alcanzar el 100 % -la norma estatal obliga a las Comunidades a supervisar el 5%.

Otra iniciativa, ha proseguido la titular de Empleo, ha sido eliminar en las últimas órdenes, en el porcentaje máximo que permite la norma, a los "intermediarios", para que los fondos lleguen directamente a las empresas que llevan a cabo la labor formativa.

Mariño ha reiterado hoy que las Comunidad de Madrid ha defendido siempre que las políticas activas de empleo tienen que ser objeto de modificación y que va a intentar "por todos los medios" controlar el buen empleo de los fondos.

La consejera ha recordado que la Comunidad de Madrid recuperó 8 millones de euros a través de expedientes de revocación tras conocer sus técnicos incidencias en los cursos -como falta de justificación de alumnos- y que, a partir de ahora, estas incidencias conllevarán además expedientes sancionadores para conocer si llevan aparejadas falta de diligencia, dolo o culpa.

Mariño ha defendido que la "maquinaria de la Consejería" ha funcionado y que ahora, mientras está suspendido el pago de todos los cursos de teleformación hasta que quede claro "cómo está el asunto", la Consejería está revisando lo ocurrido con la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo.