Las viviendas de uso turístico (VUT) no dejan de crecer en Madrid pese a que "todas ellas son ilegales". Por ello, el Gobierno de PP y Cs en la capital trabaja ya en una nueva normativa que diferenciará entre el alquiler profesional y el de los propietarios que puntualmente alquilen a turistas su residencia permanente.
El equipo de José Luis Martínez-Almeida (PP) y Begoña Villacís (Cs) está redactando ya una nueva ordenanza que pretende diferenciar el uso de hospedaje y por tanto el "puro negocio" del alquiler puntual de la vivienda habitual, que no se considerará alojamiento turístico, según han adelantado a Efe fuentes del área de Desarrollo Urbano de la capital.
Además, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, se marca "la convivencia vecinal como eje prioritario" y por ello exigirá que las viviendas de uso turístico cuenten con el visto bueno de tres quintas partes de la comunidad de vecinos, una fórmula con la que se daría cumplimiento a la ley de propiedad horizontal.
"Parece lógico", indican fuentes municipales, "pensar que el número máximo de viviendas turísticas por edificio residencial" fuera de dos quintas partes "para mantener un equilibrio de copropiedad adecuado".
El Gobierno local exigirá además la autorización de la Comunidad de Madrid, que a su vez pide que la actividad se dé de alta desde el primer día de alquiler a través de una declaración responsable, con un certificado técnico que garantice la seguridad de la vivienda, así como la existencia de remitir los datos de los alojados a la Policía y Guardia Civil.
Estas serán algunas de las claves de la nueva ordenanza que pretende dar por superado el plan especial de hospedaje de la exalcaldesa Manuela Carmena, una normativa que exige acceso independiente en las zonas más saturadas, como el centro, y que según el edil de Cs ilegaliza de facto todos los pisos turísticos, llevándolos a la economía sumergida.
"Pasado el año de gracia del inútil PEH empezamos ya con la redacción de una ordenanza que dé sentido a todo a la espera de los fallos judiciales", anunció ayer en Twitter el concejal de Ciudadanos.
Las VUT crecieron de los 8.000 a los 11.000 pisos según los últimos datos ofrecidos por el responsable de urbanismo el pasado mes de noviembre, cuando denunció además los problemas jurídicos para convertir las órdenes de cese en precintos.
