942 inmigrantes ilegales han llegado a las costas canarias en la primera semana del año.
En 2023 la inmigración ilegal se ha disparado, durante este año han llegado a España 56.952 inmigrantes ilegales, un 82'6% más que en 2022.
La mayoría son trasladados por el Gobierno central a las comunidades autónomas. El ayuntamiento de Madrid vuelve a denunciar falta de información y de coordinación, asegura que ni siquiera sabe cuántos inmigrantes ha traído el ministerio a la capital.
MADRID, REGIÓN "SOLIDARIA"
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha recordado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que Madrid es una región "solidaria" pero ha exigido más información sobre la llegada de migrantes.
El ministro ha reprochado el pasado viernes a las comunidades su rechazo a acoger migrantes y ha lamentado que en algunas autonomías se hayan producido "manifestaciones en contra de acoger a los menores que llegan a Canarias".
Dávila ha indicado que no sabe a qué regiones se puede referir Torres pero ha remarcado que la Comunidad de Madrid es una autonomía "acogedora" y "solidaria".
"Siempre hemos asumido todas las medidas de los diferentes ministerios en materia de integración, que es responsabilidad y corresponsabilidad tanto de las comunidades autónomas como del Ministerio", ha señalado.
En todo caso, ha reiterado que lo único que reclaman es "información" sobre los repartos y sobre cuántas personas van a tener que atender.
Según ha expuesto, "hace semanas" que no tienen información sobre las llegadas de migrantes, sobre qué situación documental llevarán y sobre si se están haciendo traslados de menores, de los que se van a tener que "hacer cargo".
"En lo que insistimos es en lo que llevamos haciendo meses, es en la necesidad de esa información para poder atender de forma adecuada y correcta a esas personas que están llegando a nuestra comunidad. En ningún caso ha habido ningún tipo de rechazo, todo lo contrario", ha trasladado, al tiempo que ha exigido "un reparto proporcionado" y ha recordado que este "conlleva una financiación".