El Ayuntamiento de Madrid impedirá acceder a una vivienda pública a cualquier persona que esté residiendo en un edificio ocupado en el momento de registrar la solicitud, aunque permitirá que sí la pidan aquellos que hayan sido okupas durante los diez años anteriores, si ahora no lo son.
Ahora Madrid no ha conseguido sacar adelante en la comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo el reglamento modificado de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), que incluía entre sus cambios la posibilidad de que quien hubiera okupado ilegamente una vivienda pública, municipal o regional, en los últimos diez años sí pueda optar a una vivienda en régimen de alquiler de la EMVS.
El anterior reglamento, de 2012, imposibilitaba el acceso por esa okupación. Fuentes de la empresa municipal han detallado que el reglamento pone como límite en este sentido que el solicitante no esté okupando ilegalmente una vivienda en el momento en el que presente la solicitud.
En la votación en la comisión el reglamento no ha salido adelante por la abstención del PSOE. Ahora Madrid ha votado a favor del reglamento, el PP en contra y Ciudadanos y PSOE se han abstenido. El reglamento pasará por el Pleno de la próxima semana ya que la votación en la comisión no es vinculante.
VIVIENDA PARA ALQUILER
Marta Higueras ha defendido que con la modificación se trata de aumentar las posibilidades de acceso a una vivienda pública por parte de quienes más necesitan ese apoyo. Para ello se ha optado por limitar las adjudicaciones de la EMVS al alquiler dejando a un lado la opción a compra y la venta. Igualmente se amplía el programa de arrendamiento joven pasando de los 30 años como tope a los 35.
Un capítulo ex novo es el relacionado con la regulación de alquileres en situaciones prioritarias como las derivadas de la pérdida de vivienda por sentencia judicial en órdenes de desahucio por ejecuciones hipotecarias o por imposibilidad de pagar las mensualides, por causas de salud derivadas de la situación de la vivienda, por casos de violencia de género, en las situaciones de mayores de 65 años con problemas de movilidad permanentes o por carencia grave de recursos económicos.
Será un informe de los servicios sociales de la EMVS el que determinará las adjudicaciones en casos de situaciones prioritaria siempre que haya vivienda disponible.
A LA ESPERA DEL PLENO
La abstención del PSOE ha hecho que no saliera adelante la modificación del reglamento. Al no ser vinculante pasará a ser debatido en el Pleno de la próxima semana, donde Ahora Madrid confía en conseguir el 'sí' de los socialistas.
La consejera del PSOE en el consejo de administración de la EMVS Mercedes González ha recordado que ya se abstuvieron en este órgano, además de presentar alegaciones y enmiendas, algunas aceptadas parcialmente. Lo que los socialistas defienden es un cambio de filosofía y, sobre todo, que no se vaya a un "parche" como creen que esta modificación sino a un nuevo reglamento.
Sí están a favor de que puedan acceder a vivienda pública aquellos que hayan okupado ilegalmente en la última década pero que en el momento de presentar la solicitud no lo estén haciendo. La delegada, Marta Higueras, ha asegurado que con el reglamento modificado no regularizan la okupación sino que dan "solución a personas vulnerables".
Mercedes González, por su parte, ha defendido la "igualdad de condiciones", es decir, que los okupas "tienen que salir del registro y meterse por el cauce habitual, como cualquier persona, dado que hay 6.000 personas en lista de espera para un piso de vivienda pública".
"Estamos de acuerdo con que los okupas salgan de los pisos que están okupados y vayan al reglamento habitual porque no podemos tener a 6.000 personas esperando a acceder a una vivienda. Si no estaríamos legitimando la patada en la puerta", ha declarado tras la comisión matizando que "no todos los casos son iguales".
LA CONSEJERA DE LA EMVS: "ES MUY DIFICIL PONER UN POLICÍA EN CADA UNA DE LAS 300 PUERTAS"
La consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), María Serrano, ha declarado que se han encontrado "con alguna sorpresa" en las viviendas incluidas en el convenio con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de Reestructuración Bancaria (SAREB), con pisos okupados, uno que estaba vendido y con casos cuyas reparaciones superan los 15.000 euros.
En la comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Serrano ha explicado que devolverán a la SAREB aquellas viviendas que estén en mal estado y recibirán otras a cambio. "Es un proceso lento pero tendremos 300 viviendas", ha declarado.
También se ha referido a las declaraciones de la alcaldesa, Manuela Carmena, que dijo en un encuentro vecinal en Hortaleza que las 400 viviendas de la SAREB habían sido okupadas ilegalmente.
La consejera delegada ha matizado que el convenio con la SAREB es de 300 viviendas y ha destacado la "buena voluntad" tanto del Gobierno municipal como de la sociedad bancaria. "Es muy difícil poner un policía en cada una de las 300 puertas", ha lanzado.
