El Ayuntamiento de Majadahonda y la Comunidad de Madrid han renovado el convenio para la prevención y control del absentismo escolar en los centros educativos del municipio.
Con este acuerdo, las administraciones local y autonómica buscan dar respuesta a este problema, de una manera transversal, durante el periodo de escolarización obligatoria, desde los 6 hasta los 16 años.
El desarrollo de este convenio se ajusta a las medidas contenidas en el Programa Marco de Prevención y Control del Absentismo Escolar, que tiene como objetivos específicos contribuir al control efectivo de la asistencia a clase de todo el alumnado; la detección temprana del absentismo escolar para prevenir posibles situaciones de abandono y fracaso escolar; realizar el seguimiento del alumnado con riesgo de absentismo por su situación personal, familiar y/o social, así como establecer procedimientos de colaboración y coordinación entre las distintas instituciones.
Cada centro escolar se encarga de articular las medidas de intervención adecuadas a los casos de absentismo que detecten y cuenta con una “comisión de absentismo” para evaluar la situación y promover medidas preventivas. Aquellos casos que presentan características graves se derivan a la Mesa Local de Absentismo. La citada comisión prepara un plan de prevención y control del absentismo escolar para cada curso, que se evalúa en la memoria anual del centro.
Por otro lado, técnicos municipales intervienen en la Mesa Local contra el absentismo, trabajando en coordinación con los centros educativos, los Servicios Sociales y la Policía Local.
El ayuntamiento, además, se compromete a desarrollar campañas de información sobre la obligatoriedad de la escolarización, dirigidas a las familias, y a promover actividades de ocio y tiempo libre encaminadas a la integración social del alumnado en riesgo de absentismo.
La Comunidad de Madrid aportará este año para las citadas actuaciones un total de 9.230,94 euros. Una comisión de seguimiento, formada por representantes del Ayuntamiento, Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad, y asociaciones de padres y madres del municipio, legalmente constituidas, se encargan de supervisar el desarrollo de las acciones.
La Constitución Española establece, en su artículo 27, el derecho a la educación para todos los españoles como uno de los derechos básicos y encomienda a los poderes públicos que promuevan las condiciones para que los ciudadanos disfruten de ese derecho en igualdad.