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Unión, Progreso y Democracia (UPyD) calcula que España "despilfarró" casi 400.000 millones de euros durante cinco años (entre 2009 y 2013) como consecuencia de la mala gestión de los recursos públicos, la corrupción y el mal gobierno de todas las instituciones del Estado.

Se trata del 40 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) anual del país, que podría haberse invertido en políticas que redujeran la pobreza y desigualdad que ha provocado la crisis económica, según ha denunciado la formación magenta.

El grupo de administraciones públicas de UPyD ha presentado este miércoles un informe titulado 'El coste del mal gobierno' en el que detalla una serie de actuaciones que provocan que "una enorme cantidad de dinero se vaya por el desagüe", según han denunciado el diputado Carlos Martínez Gorriarán y el candidato a la Comunidad de Madrid, Ramón Marcos.

UPyD ha detallado la mala gestión de recursos públicos en capítulos como infraestructuras, corrupción o malos contratos, que ascienden a 101.937 millones de euros entre 2009 y 2013. A estos, se podrían sumar los 48.000 millones anuales que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha calculado que se derrochan en sobrecostes de contratos y otros 40.000 millones que se han destinado al rescate de las cajas de ahorro. En total, suman alrededor de 380.000 millones de euros en cinco años.

"La crisis en España ha sido mucho más grave que en países de su entorno como consecuencia del mal uso de los recursos públicos", ha explicado Gorriarán, que considera que se ha actuado de esta forma como consecuencia de una "decisión política" que prioriza la busca de réditos electorales y la "colocación" en las instituciones de los afines a uno u otro partido político.

El diputado 'magenta' ha avisado que España está pagando un "altísimo coste" en términos sociales y democráticos por estas políticas y la crisis económica no se ha aprovechado para solucionar estos problemas. Y mientras, ha advertido de que partidos nuevos como Ciudadanos o Podemos "no proponen un cambio del modelo de Estado y administración".

MENOS ASESORES Y EXAMENES A LOS POLITICOS

Ramón Marcos ha puesto sobre la mesa algunas de las medidas que se podrían poner en marcha para paliar esta situación, que empiezan por el establecimiento de unas líneas estratégicas para la administración pública que piensen en su viabilidad en el medio y largo plazo.

UPyD también quiere una administración con directivos públicos elegidos "con criterios objetivos", una administración "estable, racional y eficiente" y una simplificación normativa. Además de la selección del personal en función de su talento y quitar a los Ayuntamientos la capacidad de elegir a su personal para evitar casos de enchufismo y corrupción.

Otra de sus propuestas es que los ministros y consejeros autonómicos sean sometidos a un examen a los dos años de su nombramiento para analizar si han cumplido con sus objetivos. Y reducir el número de asesores. "Que el presidente del Gobierno tenga un máximo de cuatro asesores. Ahora mismo en el Palacio de la Moncloa hay más de 500", ha enfatizado el candidato madrileño.

AEROPUERTOS, CARRETERAS O AVE

Ramón Marcos han señalado que un ejemplo de esta maña gestión en la Comunidad de Madrid sería la carretera de peaje MP-203, una infraestructura con un coste superior a los 70 millones de euros y fue "cerrada por falta de viabilidad ante la falta de conexión con la R3". Con este montante, según ha puesto como ejemplo, podrían haberse contratado más de 2.000 profesores.

UPyD también incluye como prácticas de mala gestión numerosos aeropuertos construidos durante los últimos años, como los de Castellón, Burgos, León, Ciudad Real, Huesca, Lérida o Logroño. Y obras de tranvías, AVE y carreteras "excesivamente costosas o sin viabilidad".

"Queremos unos gobiernos decentes que funcionen sin enchufados y gestionen una administración profesional, controlable y evaluable", ha resumido Ramón Marcos después de que Gorriarán haya augurado que el resto de partidos acabarán dando la razón a UPyD y reconociendo que hay que hacer reformas para evitar estos derroches de dinero público.