El empresario y presunto cerebro de la trama 'Púnica', David Marjaliza, ha continuado dando detalles este martes en la Audiencia Nacional acerca de la adjudicación de contratos públicos a la multinacional francesa Cofely en una serie de municipios madrileños, concretamente el de la localidad de Móstoles en 2014 por 72 millones de euros.
Así lo ha explicado el constructor en declaraciones a los medios tras ser interrogado por segundo día consecutivo en la Audiencia Nacional por su implicación en la trama Púnica. En esta nueva jornada, el acusado ha respondido a las preguntas formuladas por Diego de Egea, juez de refuerzo del magistrado que investiga la causa, Manuel García Castellón. "Hemos tratado cuatro ayuntamientos que han sido Valdemoro, Móstoles, Casarrubuelos y Brunete", ha dicho el presunto cerebro de la trama ante los representantes del Ministerio Público y de las acusaciones particulares, a cuyas preguntas todavía no había podido contestar por estar secretas las diligencias.
Marjaliza se ha referido al concurso para el servicio de mantenimiento total de edificios y colegios públicos de Móstoles adjudicado a Cofely y valorado en cerca de 72 millones de euros. El que fuera alcalde de Móstoles en esas fechas, Daniel Ortiz, está siendo investigado en la causa por estos hechos ya que se le acusa de haber intermediado para que la multinacional gala fuera la empresa adjudicataria.
En estas labores de mediación habrían participado igualmente el exconcejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla y su hermano Mario, exdiputado regional y antiguo alcalde de Sevilla La Nueva y así lo habría explicado el acusado durante el interrogatorio, según informan fuentes jurídicas. En relación con la localidad de Valdemoro, el consistorio, siendo alcalde el también investigado José Carlos Boza Lechuga, adjudicó en 2013 otro contrato de 60,8 millones a la filial de la multinacional francesa GDF Suez.
DOCUMENTACION SOBRE LOS CONTRATOS
El exsocio de Francisco Granados ha explicado que cuando termine de declarar ante el juez -las citaciones estaban fijadas para el lunes, martes y este jueves-- aportará toda la documentación relativa a los contratos de la multinacional energética. Se trata de la primera declaración en sede judicial desde que el entonces magistrado instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, decretara su puesta en libertad en diciembre de 2015.
La trama comenzó a investigarse en 2014 a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y sitúa a Cofely en el epicentro de las actividades presuntamente ilícitas de los acusados. En concreto, la Comunidad de Madrid adjudicó a la empresa gala entre 2013 y 2014 tres contratos por 3,5 millones de euros para la gestión energética de residencias de ancianos en municipios como Arganda del Rey o para la contratación de servicios de mantenimiento integral de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados en Energía Materiales.
La investigación permitió conocer que algunos consistorios madrileños como Móstoles, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Serranillos, Moraleja de Enmedio o Parla habrían amañado contratos para que resultara adjudicataria esta empresa, a la que se consideró como pieza clave de este entramado.
En anteriores declaraciones en calidad de investigado, Marjaliza detalló los pormenores del funcionamiento de la trama y dijo que su manera de actuar consistía en ofrecer a los alcaldes o a las personas de confianza que designaran ellos las "bondades" de contratar con Cofely. También explicó que las comisiones las cobraba en diferentes sitios como los consistorios; también en comidas o incluso "tomando copas".
