Mayor Oreja atribuye al Gobierno de Leguina la idea expandir el Canal a Iberoamérica

El exconsejero madrileño y expresidente del Canal de Isabel II Carlos Mayor Oreja ha atribuido hoy a su antecesor Agapito Ramos, que ostentó el cargo durante el Gobierno de Joaquín Leguina, la idea de expandir esta empresa a Iberoamérica, tal y como se produjo después con la compra de la colombiana Inassa.

En su declaración como investigado en el caso Lezo, que se ha prolongado casi dos horas y durante la que ha defendido la legalidad de esa compra por 73 millones de dólares, Mayor Oreja ha relatado que cuando llegó a la Presidencia del Canal en junio de 2000 pidió un informe a PriceWaterhouseCoopers (PWC) para modernizar la entidad y "rejuvenecer" la plantilla de funcionarios, han informado fuentes presentes en la declaración.

En ese informe, según ha explicado, se propuso un plan estratégico que recoge la posibilidad de expansión del Canal a otros países, retomando una idea del anterior presidente Agapito Ramos, que ya se había planteado llevar el Canal a Iberoamérica.

Como ejemplo de esos inicios de expansión ha recordado que la sociedad Hidroser, participada por el Canal y Aguas de Barcelona (Agbar), se había asentado ya en el municipio madrileño de San Fernando de Henares y en Cáceres (Badajoz).

LOS PORMENORES DE LA COMPRA

Estas fueron por tanto las bases, a la luz de su declaración, que llevaron a la compra de la filial colombiana del Canal en 2001, operación que investiga el juez del 'caso Lezo', Manuel García Castellón, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, pese a tener un dossier desaconsejando la compra a través de una sociedad panameña.

Durante estos últimos meses han ido declarando los integrantes de ese Consejo de Gobierno y mañana lo hará el exconsejero de Presidencia Manuel Cobo y el jueves el entonces presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.

Dado el tiempo transcurrido, Mayor Oreja ha dicho no recordar los pormenores de la compra y ha asegurado que había conocido muchos de esos detalles al acceder ahora al sumario, ya que en los aspectos técnicos él no intervenía porque para eso había funcionarios en el Canal altamente cualificados, si bien ha considerado que todo se hizo de forma correcta y dentro de la legalidad.

A este respecto ha matizado que tampoco intervino en la presentación para la compra de Inassa ante el Consejo de Gobierno, que presidía entonces Ruiz-Gallardón, porque si bien hubiera correspondido a su Consejería, la de Medio Ambiente, finalmente corrió a cargo de la de Hacienda porque la operación requería un endeudamiento y la constitución de la sociedad Canal Extensia.

Durante su comparecencia, en la que ha contestado a las preguntas de todas las partes y ha negado haber cobrado comisiones o que se hubieran cobrado, ha sostenido que la compra fue beneficiosa para el Canal y se ha remitido al recurso de reforma que interpuso y en el que aporta datos económicos que, a su juicio, corroboran su apreciación.

Sobre Ruiz-Gallardón ha puntualizado que el Consejo de Gobierno que él presidía no se pronunció sobre la compra de Inassa sino que autorizó el endeudamiento para la compra.

El juez les ha citado a declarar ante las sospechas de que en la adquisición de Inassa, a través de una empresa panameña, pudo existir "una sobrevaloración claramente perjudicial" y que se realizó a través de una "compleja estructura societaria" que contravino "de plano" los acuerdos del Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad de Madrid.

DECLARARON TODOS LOS CONSEJEROS DEL CANAL

Los antiguos miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II, entre ellos dos estrechos colaboradores de Gallardón, Pedro Calvo y Juan Bravo, estuvieron desfilando por la Audiencia Nacional a lo largo del mes de enero para explicar por qué aprobaron la compra de Inassa por un precio por encima de su valoración.

La Fiscalía acusa al exdirector gerente del Canal Arturo Canalda y a los entonces directivos José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras de diseñar una operación de compra paralela a la explicada ante los consejeros y "repleta de irregularidades", puesto que seis días antes de que se celebrara la sesión de votación ya estaba concedido el aval bancario para adquirir Inassa.

En su declaración ante el juez instructor, los exdirectivos de la empresa pública madrileña negaron las acusaciones y explicaron que, lejos de provocar pérdidas, se trató de la mejor propuesta de compra de todas las opciones presentadas por los técnicos de la compañía públicas de aguas.

Además, tanto los principales directivos del Canal como el resto de miembros del entonces consejo de administración desvincularon de esta operación a Gallardón, asegurando que no sólo no intermedió en su nombramiento en la empresa pública, sino que no tenía relación alguna con él. Sin embargo, el juez ha decidido que quiere escuchar el testimonio del expresidente directamente de su boca.