La Comunidad de Madrid permitirá que los mayores de 35 años puedan acceder a las viviendas protegidas de alquiler con opción del plan joven, que las familias numerosas opten a mas de un piso para juntarlos y que los divorciados paguen menos por alquilar una vivienda pública.
Así consta en la modificación de la normativa de vivienda protegida regional que ha analizado hoy el Consejo de Gobierno y que, según ha explicado su portavoz, Salvador Victoria, establece que desde el primer año el adjudicatario de una vivienda protegida de alquiler puede optar a su compra, mientras que hasta ahora había que esperar entre tres y cinco años.
Entre las novedades de esta modificación figura además la posibilidad de que el promotor pueda cambiar el régimen de uso de las viviendas -en venta, arrendamiento o arrendamiento con opción a compra-, según las necesidades de cada caso concreto.
Además, el IVIMA podrá reducir la renta a las asociaciones que tengan adjudicada una vivienda protegida y la destinen a uso social.
El objetivo de estos cambios, ha explicado Victoria, es permitir "un mejor y más fácil acceso a la vivienda protegida" a unos sectores de población que lo tenían "más complicado".
El portavoz del Ejecutivo regional ha informado también de que actualmente hay en la Comunidad de Madrid unas 13.000 viviendas protegidas en régimen de alquiler y que a partir de ahora se podrán adquirir en propiedad, si el inquilino así lo desea, desde el primer año de residencia.
Ha destacado además que se anula el límite de 35 años que estaba establecido para optar a una vivienda del plan Joven y que ya no existirá "tope" de edad para acceder a una vivienda de esa tipología.
Según Victoria, desde que se puso en marcha el Plan Joven de vivienda, la Comunidad de Madrid ha entregado ya 13.506 pisos en 41 municipios y actualmente hay 4.178 en construcción.
Con las medidas aprobadas hoy se reduce la renta en función de las necesidades de cada adjudicatario, se fomenta el mercado de alquiler, la salida del stock de pisos disponibles y se dinamiza el la construcción.
La modificación afecta además a la superficie máxima de las viviendas protegidas, que pasa de 70 a 80 metros cuadrados y permite reducir el precio de alquiler a personas separadas o divorciadas que, siendo propietarios ya de una vivienda, no puedan residir en ella porque la sentencia no les ha atribuido el disfrute.
