Mercedes González alega ante el juez que autoriza concentraciones según criterios de "seguridad"

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha declarado ante el juez de Instrucción número 24 de Madrid que las concentraciones comunicadas a la Delegación de Gobierno a celebrarse frente al Congreso de los Diputados se ubican en función de criterios "absolutamente" técnicos y de seguridad.

Mercedes González ha comparecido esta mañana en los juzgados de Plaza Castilla en calidad de querellada por un delito de prevaricación en relación a una querella presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

Qué alegan los querellantes

La querella contra la delegada se interpuso con motivo a la autorización el pasado julio de la concentración de un grupo memorialista frente al Congreso de los Diputados el día en el que se aprobó la Ley de Memoria Histórica cuando había reubicado un día antes una manifestación de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. En su caso, se ubicó frente al Hotel The Westin Palace, en el número 7 de l Plaza de Las Cortes.

Los querellantes denunciaban en su escrito que "en función del signo político de la asociación convocante, se produce una diferenciación, sin base legal alguna, que supone una limitación ilegítima del derecho de reunión".

Tras finalizar la comparecencia, la delegada ha manifestado que se ha quedado tranquila tras dejar "completamente claro" que no hubo ninguna delimitación ni limitación al derecho de manifestación respecto a la asociación querellante. "Espero que el caso no tenga recorrido", ha dicho a los medios concentrados en la puerta de los juzgados de instrucción de la capital.

Los tres criterios que sigue la Delegada del Gobierno

En la comparecencia, ha detallado al juez cómo funciona el derecho de reunión y manifestación, así como los criterios que usa la Delegación de Gobierno para ubicar manifestaciones ante el Congreso de los Diputados, en la Plaza de Las Cortes.

Frente a los argumentos de los querellantes, la delegada ha recalcado que se usan tres criterios a la hora de ubicar manifestaciones en la Plaza de las Cortes.

El primero se refiere al número de personas; el segundo, si hay o no ese día sesión plenaria; y por último, si ese colectivo puede llevar a algún tipo de alteración del orden público.

En este caso, se tuvo en cuenta el número de personas para ubicar la concentración. "Si hay más de 150 van dentro, si hay más de 150 se ubican en otra zona y si hay miles en otra ubicación. Pero siempre s ubican dentro de la plaza, que es muy amplia. No hay ninguna delimitación ni limitación. Lo que hay es una ubicación dentro de la plaza", ha reseñado.

En la citación, el juez expone que los hechos denunciados "hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

El pasado 13 de julio, como estaba previsto, "la asociación convocante acudió, en el ejercicio legítimo de su derecho de reunión, junto a ciudadanos convocados, asistieron a la concentración, que debía desarrollarse frente al Congreso de los Diputados, al ser un sitio de especial visibilidad y, en definitiva, por ser el sitio en el que se había acordado celebrar la concentración".

A pesar de ello, según la querella, en el momento de la celebración de la concentración, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informaron al Presidente de la Asociación querellante que la misma debía celebrarse más abajo, concretamente unos metros más abajo del Congreso, en la confluencia de las Calles Duque de Medinaceli y Marqués de Cubas".