Condenados a echar el cierre. Miles de negocios centenarios cerrarán a fin de año al finalizar la llamada renta antigua. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, todos los negocios con contrato de renta antigua anterior a mayo de 1985 deben actualizar y renegociar sus alquileres antes del 31 de diciembre. Emblemáticos negocios en pleno centro de Madrid dicen adiós, de esta forma, al no poder hacer frente a los nuevos alquileres aprecio de mercado. Un ejemplo, algunos negocios pasan de pagar 12.000 mil a 60.000 euros que cuesta en la actualidad.
Se trata de negocios pequeños y familiares, librerías, bares, restaurantes, talleres de reparación... Pequeños comercios que dan vida a las calles del centro de Madrid y trabajo a miles de personas. Uno de ellos, el emblemáticos Café Central, que cerrará también sus puertas. El alquiler de este templo del jazz de la capital alcanza los 5.000 euros al mes, pero su precio actual en el mercado asciende dicen que los 12.000, cifra que hace inviable mantener abierto el local. En esa misma situación se encuentra una tienda de muiñecas en la Gran Vía, que después de 72 años y cuatro generaciones vendiendo muñecas, echará el cierre. En la actualidad pagan 10.000 euros mensuales pero el propietario podría pedirles 50.000 tras la entrada en vigor de la ley.
El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha comentado este viernes que conoce la preocupación de algunos comercios de la región por el fin de la conocida como renta antigua, pero ha añadido que el Gobierno regional "no puede hacer nada" porque se trata de una norma "estrictamente estatal".
Así lo ha manifestado a los medios de comunicación tras visitar una juguetería que la cadena Dideco tiene en la región y en referencia a la finalización de la renta antigua de la que gozan algunos establecimientos comerciales a partir del año que viene.
En este punto, Ossorio ha detallado que la Comunidad conoce esta situación a través de los comercios que le han expresado que tienen "preocupación" o "problemas" con la finalización de la moratoria de 20 años que había aplicado en su momento el Gobierno central.
No obstante, ha recalcado que la "Comunidad de Madrid no puede hacer nada al respecto" pues se trata de una competencia del Gobierno central y una norma estatal en la que la región "no puede influir".
