Móstoles trata de salvar del concurso de acreedores a su empresa de vivienda

La Junta General de Accionistas del Instituto Municipal del Suelo (IMS) de Móstoles, empresa pública de vivienda que tiene como accionista único al ayuntamiento de la localidad, ha aprobado este jueves una regularización de su situación con el objetivo de "evitar el concurso de acreedores".

Los representantes del PSOE y Podemos, que gobiernan en coalición en la localidad, han logrado sacar adelante en la Junta la propuesta de regulación presentada por la dirección de la empresa pública pese al voto en contra de los representantes del PP, Voz y Más Madrid Ganar Móstoles.

La consejera delegada del ente público y edil de Presidencia y Desarrollo Urbano, Marisa Ruiz, ha reprochado tanto a PP como a Más Madrid su voto en contra de la propuesta, cuando fueron "las erráticas gestiones del PP y Más Madrid Ganar Móstoles" las que "llevaron al IMS a una situación de posible quiebra".

"Es lamentable que, ahora, cuando estamos trabajando para sanear las cuentas y mantener los empleos, ellos, que llevaron al IMS a la ruina, se laven las manos y voten a favor de cerrar el IMS y dejar sin su principal medio de vida a 30 familias", ha insistido la edil de Presidencia y Desarrollo Urbano.

El 30 de diciembre pasado se anunciaba que el IMS había presentado ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid un escrito de apertura de preconcurso de acreedores debido a la deuda que mantenía con el propio consistorio, dando cumplimiento con ello al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la empresa municipal.

Este acuerdo llegaba después de que una auditoría contable, encargada por la consejera delegada del IMS y edil de Presidencia, dejara al descubierto una deuda con el Ayuntamiento de Móstoles, único accionista de la empresa, de "más de 56 millones de euros".

En este sentido, la auditoría encargada aseguraba que "se han estado aprobando en la Junta General del IMS unas cuentas que no se ajustaban a la realidad, al menos desde el año 2011, fecha en la que el PP decidió disolver la Empresa Municipal de Aparcamientos e integrar a su personal, su patrimonio y deudas en el IMS".

Además, desde el Gobierno municipal no descartaban emprender las acciones judiciales que correspondan para depurar responsabilidades respecto a los anteriores gestores, tanto del PP, que gobernó el municipio hasta 2015, como de Ganar Móstoles, cuyo portavoz, Gabriel Ortega, presidió el IMS entre 2017 y 2018.

En este sentido, desde el PP ya criticaron en su momento que la auditoría encargada por el Ejecutivo local era "un informe de parte, de dudoso rigor, que pretende ocultar su negligencia", el cual pretende servir de "excusa a su evidente dejación de funciones" por parte del Gobierno municipal.

"Esta dinámica del gobierno socialista de ataque continuo a la gestión del PP, pagada con los impuestos de los mostoleños, es para ocultar una nefasta gestión, en la que después de 6 años al frente del IMS no han sido capaces de diseñar ni un solo plan de vivienda municipal para atender las demandas de los vecinos", añadieron.

Por su parte, desde Más Madrid recalcaron que las cuentas del IMS fueron auditadas en esos años "por un auditor externo independiente", de acuerdo a la Ley de Sociedades de capital, y que "no cuestionaban en ningún momento esas cuentas" y que "tampoco nunca hubo salvedad alguna por parte de la Cámara de Cuentas".

"Son las malas decisiones tomadas por parte del actual Gobierno de Móstoles las que han puesto innecesariamente en riesgo a la empresa municipal IMS", han añadido desde Más Madrid, donde niegan que la única solución a evitar la quiebra de la empresa sea la planteada por el actual Gobierno municipal.