El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha exigido la paralización del desahucio de Pepi, previsto para este viernes a las 9.30h en la calle Argumosa 11, de manera "indefinida" y hasta que la Administración Pública "no garantice una alternativa habitacional".
Según ha informado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en un comunicado, España tiene que cumplir "con este dictamen" y en caso de no ser así, el Gobierno español "será sancionado por ello".
"La mayoría de jueces españoles sí que suspenden los desahucios ante este tipo de resoluciones, pero no siempre. Además, durante los últimos meses la jueza encargada del caso de Pepi y su familia se ha mostrado favorable a las presiones de la propiedad, Inversión en Proindivisos S.L., y en contra del derecho a la vivienda", han lamentado.
Por ello, desde la PAH han exigido que la jueza "acate de manera inmediata la resolución de Naciones Unidades, paralizando el desahucio de manera indefinida hasta que exista alternativa habitacional", que el Gobierno del Estado español y, en su nombre, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, "únicos responsables del despliegue policial encargado de ejecutar el desahucio", suspendan el despliegue policial y no ejecuten el mismo.
SE PIDEN SOLUCIONES
Asimismo, solicitan que tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como el Gobierno municipal "garanticen una alternativa habitacional a Pepi y su familia, así como a todas las habitantes de Madrid con procedimientos de desahucio abiertos".
"Que el Ayuntamiento de Madrid, ante el flagrante incumplimiento del derecho internacional en materia de vivienda ante el que nos encontramos y la complicidad tanto de la jueza como del Gobierno español, anuncie de manera inmediata que procederá a la expropiación del edificio situado en la calle Argumosa 11", han pedido.
