Organizaciones ecologistas se oponen a la ampliación del aeropuerto de Barajas

Varias organizaciones ecologistas madrileñas han expresado su oposición a la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas porque podría suponer un incremento de entre un 20% y 34% de las emisiones de dióxido de carbono con respecto a 2019 y por su negativa afección medioambiental y social.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el viernes pasado la ampliación del aeropuerto madrileño con una inversión de 2.400 millones de euros, lo que le dará a la terminal una capacidad de 90 millones de pasajeros para 2031.

En un comunicado, entidades ecologistas madrileñas han reclamado la paralización de la ampliación del aeropuerto de Barajas, el establecimiento de un límite de emisiones para la aviación en España, la eliminación de los vuelos cortos con alternativa en tren, así como el impulso de medidas fiscales sobre aerolíneas y billetes para desincentivar vuelos.

Las organizaciones Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura han acogido con preocupación el anuncio del presidente del Gobierno sobre el aumento de la capacidad operativa de Barajas, muy por encima de la contemplada en 2021.

El Plan Director del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 2017-2026 y el Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-2026 (DORA II) incluyen un programa de obras para aumentar la actual capacidad de gestión de operaciones del aeropuerto (70 millones de pasajeros/año) y poder transportar un total de 80 millones de personas, pero el nuevo anuncio eleva esa cifra a los 90 millones de pasajeros en 2031.

Además, la previsión de que Barajas se convierta en centro de conexión (hub) con América Latina y con Asia, supondrá el aumento de las operaciones de larga distancia (hasta el 70 %) y media distancia (hasta 60 %), en detrimento de los vuelos cortos, lo que implicará el incremento de aviones de mayor tamaño para cubrir vuelos de largo radio y aumentar ocupación de la corta distancia.

Según el estudio publicado por Ecologistas en Acción en julio pasado, en un escenario de 80 millones de pasajeros, los resultados obtenidos indican que las emisiones de dióxido de carbono aumentarían entre un 20 % y un 34 % respecto de 2019, los óxidos de nitrógeno entre un 20 % y un 30 % y las partículas (PM) entre un 22 % y un 30 %.

Otro informe realizado por el Open Data Institute, el Consejo Internacional de Transporte Limpio y la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, en 2021, pone de manifiesto que Barajas es el quinto aeropuerto con mayores emisiones de dióxido de carbono de Europa y uno de los diez responsables del 42 % de las emisiones de dióxido de carbono de los pasajeros de la región.

El incremento de las operaciones supondrá también aumento del ruido, que se manifiesta especialmente en las rutas de despegue y aproximación, sobre los ejes de los ríos Jarama, Henares, Guadalix y Manzanares coincidiendo, todos ellos, con espacios Red Natura 2000, han resaltado en la nota.

Los municipios más afectados son Coslada, San Fernando de Henares, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete y hacia el sur Torrejón de Ardoz, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio y Loeches. Han indicado que las partículas ultrafinas, el hollín y los enormes niveles de ruido emitidos por los motores de las aeronaves representan la causa de patologías de tipo cardiovascular, discapacidades auditivas, alteraciones del sueño o deterioros del rendimiento cognitivo.

La ampliación de la capacidad operativa, del aeropuerto ampliará esta afección al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y al valle del Tajuña, una zona rural de alto valor natural cuya protección reclaman desde hace años diversos colectivos ecologistas.

Estas organizaciones han exigido limitaciones a la presencia masiva de turistas, por considerar que transforma el comercio de proximidad, deteriora la convivencia de las comunidades de vecinos y promueve la expulsión de los residentes, además de provocar la pérdida del dinamismo e idiosincrasia de los barrios y colapsar los accesos a pueblos y espacios protegidos.