Ossorio cree que hay medidas de ahorro energético que chocan con las competencias autonómicas
El vicepresidente ha reconocido que, aunque la Comunidad de Madrid recurra el real decreto, es difícil que pare su entrada en vigor
El vicepresidente madrileño y portavoz del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ossorio, ha detallado que la Comunidad de Madrid estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real decreto ley de medidas de sostenibilidad económica del Gobierno, alegando que hay títulos para imponer normativa básica que chocan con las competencias autonómicas.
Ossorio ha indicado que están analizando en profundidad los "80 folios" del real decreto y los títulos que el Estado ha invocado para que sea de aplicación a todas las comunidades autónomas porque, ha recordado, la Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en materia comercial y el real decreto regula la temperatura de los escaparates o del interior de los comercios.
También es competente la Comunidad de Madrid en sus edificios públicos y cuándo enciende o apaga la luz de los mismos, por lo que si el Estado se pone a "regular algo que es competencia de las comunidades" tiene que invocar determinada normativa básica y, en este caso, invoca el régimen minero y energético.
"Lo que tenemos que analizar es si esos títulos que el Estado invoca para meterse en la vida de las comunidades son suficientes para que sean de carácter básico", ha precisado.
Ossorio asegura que Madrid cumplirá las leyes
En cualquier caso, Ossorio ha asegurado que en la Comunidad de Madrid tienen la "mala costumbre" de cumplir las leyes, algo que, a su juicio, no sucede en Cataluña. De esta manera, si Madrid tiene que cumplir el real decreto ley "en esos extremos" lo hará.
El vicepresidente también ha reconocido que, aunque la Comunidad de Madrid recurra el real decreto, es difícil que pare su entrada en vigor, pero ha insistido en que la clave está en los títulos que ha alegado el Estado para imponer normativa básica, "si son aceptables o no".
El real decreto contempla un plan de ahorro energético con medidas urgentes para reducir el consumo de energía en edificios públicos y establecimientos comerciales que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido que no va a aplicar.
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