PP y Ciudadanos rechazan el control político sobre la oficina antifraude de Carmena

  • Aguirre afea que al frente de la Oficina Antifraude pueda estar un "político" y propone que sea el interventor
  • Villacís: "No tiene sentido" que el poder político elija a quien vaya a controlar al poder político

Los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid han mostrado hoy su oposición al proyecto de la oficina antifraude del Consistorio madrileño al considerar que el sistema para elegir a su director hace que "el poder político sea el que elige a quien controla al poder político".

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado este viernes que le parece "muy chocante" que se pueda poner al frente de la Oficina Antifraude municipal a "un político elegido por los políticos" y ha propuesto que sea presidida por "un alto funcionario del Ayuntamiento de Madrid", en concreto, el interventor para dar a esta oficina "todas las posibilidades de prevenir en primer lugar y atender a las denuncias para atajar a tiempo" posibles casos.

Así lo ha manifestado la dirigente popular en una rueda de prensa ofrecida junto con el portavoz de la comisión de esta materia Percival Manglano. El PP ha presentado un total de 33 enmiendas al reglamento, una de ellas a la totalidad.

"Estamos a favor de la oficina, pero no queremos que sea una cosa política ni politizada", ha recalcado Aguirre, quien ha manifestado poca antes que "no hay nadie más interesado" que el PP y que incluso ella en que se pongan en marcha todas las medidas para evitar casos de corrupción en la política.

Además, la portavoz de PP municipal ha insistido en que debe estar presidida por un expertor y no por un activista político, ya que podría no tener ni idea. "En el PP, somos los más abiertos y los más transparentes, estamos deseando que venga y nos controle. Somos los primeros interesados y yo, que lo he sufrido en mis carnes", ha dicho.

Por su parte, Manglano ha detallado que su grupo ha presentado 33 enmiendas al reglamento, siendo la primera una a la totalidad para que se devuelva a la Junta de Gobierno porque "no tiene competencia y extralimita sus funciones" solapándose con la Justicia. "Las 32 enmiendas siguientes tienen que ver con el diseño de la oficina en sí y, por otro lado, con las competencias, partiendo en la premisa que el PP se presentó en unas elecciones con un proyecto de oficina que nos ha inspirado", ha señalado.

Así, ha destacado que "la clave" es que no dependa del Pleno, sino de la intervención general del Ayuntamiento, ya que es el organismo "más autónomo e independiente" del Consistorio madrileño. "El nombramiento del director tendría que recaer en un funcionario nacional que pudiera ser un técnico. Esta oficina tiene que tener un carácter técnico. No queremos que sea un político. Es importante que sea un técnico y no un activista político. Y que dependa de las dos terceras partes del pleno", ha indicado.

También ha señalado en la idea de ser "cautelosos y celosos" con las competencias, añadiendo que "muchas de las facultades" de esta oficina preocupa a los funcionarios. Al respecto, ha destacado que el artículo 22.2 prevé que la confidencialidad puede ser suspendida, algo que puede amedrentar al colectivo. "No creemos que esté justificado. Una de las enmiendas es para que siempre sea confidencial", ha reseñado.

Además, ha insistido en que tiene que ser una oficina técnica y "en ningún caso política con objetivos políticos", criticando que se pueda solapar con la labor de las oficinas judiciales ante la previsión de que se pueda acudir con un abogado."Que sea la Justicia quien lo tenga que investigar", ha dicho.

VILLACÍS: NO TIENE SENTIDO QUE EL PODER POLÍTICO ELIJA A QUIEN LE CONTROLA

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha mostrado hoy su oposición al proyecto de la oficina antifraude del Consistorio al considerar que el sistema para elegir a su director hace que "el poder político sea el que elige a quien controla al poder político". Villacís ha explicado en una rueda de prensa que la elección del director sería en el Pleno del Consistorio y que el requisito mínimo, el de la primera votación, es de tres quintos, pero que en la práctica basta con mayoría absoluta, es decir con los votos de Ahora Madrid y del Partido Socialista.

La portavoz de Ciudadanos ha subrayado que éste es el motivo fundamental para que su grupo rechace una propuesta que "no tiene sentido" y ha propuesto que la dirección dependa al menos de tres quintos del Pleno, aunque lo "deseable" son dos tercios, ha añadido.

Además, Ciudadanos considera que la dirección de la oficina debería recaer en un funcionario habilitado nacional para asegurar que el organismo este "exento de todo control político" y sea más objetivo para poder hacer un control real y no "manchado" por los interés políticos.

Villacís ha criticado también que el Partido Socialista no haya presentado enmiendas a la propuesta del Gobierno local lo que, a su juicio, supone que el PSOE es una "facción" de Ahora Madrid.

La formación naranja ha censurado además el artículo 22 de la propuesta que, ha explicado Villacís, permite suspender la confidencialidad de los datos cuando la oficina decida, un "atropello" contrario a la ley porque viola la protección de la intimidad y de los datos personales. Si el proyecto final no modifica el aspecto de la protección de datos, Ciudadanos acudirá a la Agencia de Protección de Datos, que ya ha mostrado a este partido su descontento con la propuesta, una "chapuza integral" para Silvia Saavedra, edil de C's que ha acompañado a Villacís en la rueda de prensa.

Villacís se ha referido también al "informe especial" que la oficina antifraude podría realizar sobre los funcionarios que entorpezcan el desarrollo de las investigaciones, una vulneración a los derechos de los funcionarios, que ya cuentan con órganos disciplinarios.

De medida de presión y estigmatización ha calificado esta medida Saavedra, funcionaria de profesión, quien ha recalcado que de esta manera la oficina antifraude puede condicionar las actuaciones de los funcionarios.