El PSOE inicia un proceso para tramitar un recurso de casación por el caso EMVS
El proceso quiere legitimar un recurso de casación ane la exoneración de la exalcaldesa Ana Botella y a su junta de Gobierno por vender viviendas a un fondo de inversión
La aceptación del recurso depende del voto en la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas de la exministra de Justicia en el primer mandato de Aznar, Margarita Mariscal
EFE
La portavoz adjunta del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mercedes González, ha remitido un escrito a la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para legitimar un recurso de casación ante la exoneración de la exalcaldesa Ana Botella y a su junta de Gobierno por vender 1.860 viviendas públicas a un fondo de inversión en 2013.
González ha asegurado que esta acción les permite "ganar tiempo", además de instar al equipo de gobierno de PP y Ciudadanos a "recapacitar" y recurrir la sentencia, ha aseverado a los periodistas en declaraciones en el edificio de los grupos municipales.
La edil socialista se ha amparado en el artículo 67 de la Ley de Bases de Régimen Local, que mantiene que "cualquier vecino que se hallare en pleno goce de sus derechos civiles y políticos podrá requerir su ejercicio a la Entidad interesada. Este requerimiento, del que se dará conocimiento a quienes pudiesen resultar afectados por las correspondientes acciones, suspenderá el plazo para el ejercicio de las mismas por un término de treinta días hábiles".
Por lo que la "ciudadana" González ha presentado este escrito al Tribunal de Cuentas para decidir si acepta o no la casación pero ha reconocido que será un "camino largo y complicado que abrirá una nueva jurisprudencia".
"Hemos interrumpido el plazo del recurso de casación, y ahora tenemos un plazo de un mes más o menos", ha señalado y ha añadido que actúa con "mucha rabia, mucha ira y demasiada impotencia" ante el "dolor" de los madrileños que fueron desahuciados y no han recibido justicia.
González ha señalado que la aceptación del recurso depende del voto en la Sala de Enjuiciamento del Tribunal de Cuentas de la exministra de Justicia en el primer mandato de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y "podría abstenerse o retirarse dependiendo de sus vinculaciones evidentes con el PP".
"Si nos dice que sí, sustanciaremos el interés casacional, y si nos dice que no, iremos al Supremo y presentaremos una queja", ha advertido.
En el pasado Pleno municipal celebrado el 29 de julio se aprobó por la mayoría del Más Madrid y PSOE -con la abstención de Vox-, dos proposiciones que piden que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) recurra ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal de Cuentas.
El Consistorio anunció que tenía que decidir si llevaba a cabo el recurso ante el Supremo contra la absolución de la exalcaldesa Ana Botella y abonar 22,7 millones de euros, del que se estaría encargando la directora de los servicios jurídicos de la EMVS, Paloma Herranz Embid, quien fue cesada el pasado 7 de septiembre.
El 17 de julio, el Tribunal de Cuentas revocó una sentencia que condenaba a Botella y a siete miembros de su equipo a abonar 22,7 millones de euros por la venta en 2013 a dicho fondo de inversión de 1.860 viviendas de la EMVS.
La sentencia consideró probado que la operación en la que fueron vendidas las viviendas pública por 128 millones de euros a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la concurrencia, y se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles, de 159 millones, y también por debajo del precio del mercado, generando un perjuicio al erario público de más de 25 millones de euros.