El gobierno municipal de Parla ha iniciado ya los trámites administrativos para cancelar el contrato de radares de control de velocidad y gestión de multas de tráfico en la localidad, después de la polémica surgida en la ciudad por la gran cantidad de sanciones impuestas, hasta 12.000 entre octubre y noviembre de 2014.
Así lo ha anunciado la alcaldesa de Parla, Beatriz Arceredillo, durante el último Pleno municipal en el que se ha aprobado por unanimidad una moción en este sentido, para suspender el contrato con la empresa concesionaria.
La moción, presentada en origen por el Partido Popular pero que se ha aprobado con enmiendas de IU y UPyD, pide que se paralice el servicio de radares, se revise el contrato por el presunto incumplimiento del pliego de condiciones por parte de la empresa y se proceda a la remunicipalización del servicio.
El texto aprobado por todos los concejales a través de votación nominal también pide que los medios jurídicos municipales verifiquen si con este contrato se han lesionado las arcas municipales, que se certifique que no se hayan cedido datos de carácter personal incumpliendo la ley y que finalmente se instalen medios "realmente disuasorios" para que la prioridad sea evitar la infracción de tráfico, como badenes o semáforos.
NEGOCIACION CON LA EMPRESA
Al respecto la alcaldesa, Beatriz Arceredillo, ha señalado que todos están de acuerdo en suspender el contrato pero la discrepancia es por "las formas", ya que a su juicio la suspensión cautelar y unilateral, como de hecho le ha pedido su compañero de partido y portavoz socialista Pablo Sánchez, "podría incurrir en unos costes que podrían ser perjudiciales para el Ayuntamiento".
En cualquier caso la regidora ha avanzado la resolución del contrato puede ser "por acuerdo de las partes o por incumplimiento del contrato", así que por un lado se han citado con la empresa esta semana para acordar los términos de la rescisión y por otro han enviado varios requerimientos formales sobre la ejecución del servicio para que la empresa los aclare.
Paralelamente, según ha anunciado el portavoz socialista, también se estudiarán las sanciones impuestas en los últimos meses para saber si procede anular algunas de las multas recibidas por los vecinos.
CRITICAS DE LA OPOSICION
Por su parte el portavoz del PP, Miguel Angel López, ha criticado que "los mismos concejales socialistas" que ahora piden la rescisión del contrato son los que lo aprobaron, tanto en Pleno como en Junta de Gobierno, por lo que ha pedido que "expliquen qué intereses ocultos, qué prisa tenían por aprobar este contrato con el que han regalado dos millones de euros a una empresa".
En el caso de Izquierda Unida su portavoz, Eugenio Santos, ha manifestado que "las consecuencias de esta privatización las están sufriendo los vecinos", mientras que el único edil de UPyD, Juan Carlos Machuca, ha indicado que la empresa concesionaria "está instalada en dependencias municipales, se llevan el dinero de las multas y encima les pagamos una oficina", y ha indicado que si se hubiera tenido en cuenta la negativa del Pleno hace un año a estos radares "nada de esto habría pasado".
