El alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE), ha declarado este martes en el juzgado número 2 de la ciudad que no existen "sobres ni sobresueldos ilegales" en el Ayuntamiento y que todos los pagos a los trabajadores municipales han estado "recogidos en sus nóminas" y "santificados" por los técnicos del consistorio.
Fraile ha declarado en calidad de imputado por un presunto delito malversación de fondos públicos y otro de prevaricación por el caso del pago de un Fondo Social de 200 euros anuales a todos los empleados municipales en los años 2009 y 2010, que posteriormente fue anulado.
Durante una hora y media el regidor parleño ha defendido que "todo lo que se ha hecho ha sido bajo el paraguas de Intervención Municipal y de los informes de los tesoreros", según ha detallado después en una rueda de prensa en el Ayuntamiento.
Fraile ha rechazado los delitos que se le imputan y ha insistido en que no ha habido "sobresueldos", como ha denunciado el Partido Popular, sino "compromisos con los sindicatos", con los que firmó un convenio colectivo donde venía recogido el pago del Fondo Social.
Preguntado sobre si el Consistorio ha seguido abonando esa cantidad a pesar de estar anulada por la propia Junta Local de Gobierno, Fraile ha asegurado que cuando firma una nómina es porque "viene santificada por los técnicos municipales", y ha rechazado que se "ponga en la misma balanza" unos pagos reflejados en nómina con "unos señores que pagan sobres", en referencia a los presuntos pagos ilegales de Luis Bárcenas en el seno del Partido Popular.
UTILIZACION POLITICA
El alcalde, que ha recordado que los sindicatos han asegurado en un comunicado que no tienen constancia de sobresueldos y que todo lo cobrado está en sus nóminas, ha criticado también la "utilización política" de organismos como el Tribunal de Cuentas, ya que a su juicio Parla tiene abierto un expediente de 2010 "a raíz de un titular de un medio de comunicación".
En este sentido Fraile ha asegurado que si el PP "tiene un problema político, que se resuelva en el plano político", y ha calificado de "irresponsable" la posibilidad de que la Comunidad de Madrid se persone en este caso, algo que considera una "agresión brutal" y una "persecución" a la ciudad para que "alguno saque provecho político".
