Parla reconoce una deuda de 550 millones y que no pagó Seguridad Social en 2014

La alcaldesa de Parla, Beatriz Arceredillo (PSOE), ha reconocido que el ayuntamiento tiene una deuda de unos 550 millones de euros y que el pasado año no pagó la Seguridad Social de sus trabajadores hasta que ella llegó a la Alcaldía, en el mes de noviembre.

Arceredillo ha comparecido en una rueda de prensa cien días después de tomar posesión frente del Gobierno local de Parla, en el que relevó a José María Fraile, detenido en el marco de la operación Púnica.

En ella ha repasado cifra por cifra la deuda del Ayuntamiento: 313 millones de deuda del pago a proveedores; 21 millones con los bancos; 24 millones con empresas adjudicatarias; 3 millones por suministros, luz y agua; y unos 15 millones de euros con la Seguridad Social, según ha indicado.

Respecto a este último concepto, la alcaldesa ha desvelado que el año pasado el Consistorio no pagó la Seguridad Social de sus trabajadores ni el IRPF a Hacienda hasta el mes de noviembre. Tanto por la deuda con la Seguridad Social, como por la del pago a proveedores, el Estado tiene retenidos actualmente al Ayuntamiento de Parla el 100% de los impuestos.

A las cantidades antes citadas por la alcaldesa, que suman 376 millones de euros, hay que añadirle la deuda con el tranvía de Parla, ha agregado Arceredillo. Según cuentas del propio Tranvía de Parla S.A. a las que ha tenido acceso Efe, esta deuda sería de unos 180 millones de euros que restan por pagar de una deuda total de 256 millones.

Por ello, los 376 millones de deuda directa más los 180 del tranvía elevan la deuda municipal a más de 550 millones de euros. En 2012, el Ayuntamiento de Parla tenía una deuda reconocida con proveedores de 221 millones de euros, que convertía al municipio en el cuarto consistorio más endeudado de toda España en este capítulo, solo por detrás de Madrid (1.000 millones), Jerez (400) y Jaén (300).

La alcaldesa de Parla ha explicado que el Gobierno local está tomando medidas de ahorro para intentar revertir esta situación. Entre ellas está la fiscalización de todos los contratos que tiene el Ayuntamiento por servicios externalizados; la reducción del número de cargos de confianza a cinco personas -un 75% menos- y la eliminación de los gastos de protocolo.