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El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy por unanimidad el acuerdo suscrito con el Gobierno regional y los municipios de Coslada y Rivas para ordenar la Cañada Real y garantizar los derechos sociales de sus vecinos. El acuerdo, expuesto por el delegado de Coordinación Territorial y Colaboración Público Social, Nacho Murgui, ha sido ensalzado por el resto de grupos municipales -PP, PSOE, C's- que han confiado en que sirva para sacar de la situación de exclusión a quienes viven en esa zona.

La Cañada Real tiene unos 14,2 kilómetros de longitud y una extensión de 107 hectáreas y discurre en su mayor parte por el municipio de Madrid, aunque también implica a Coslada y Rivas Vaciamadrid, y en ella viven 7.283 personas en 2.537 construcciones.

La Asamblea de Madrid ya aprobó también por unanimidad este acuerdo el pasado 20 de abril.

"Los socialistas reconocemos la importancia de este acuerdo pero la solución definitiva de la Cañada Real está aún lejos", ha dicho el socialista Ignacio de Benito, unas dudas en las que ha coincidido el edil de C's Bosco Labrado, que ha mostrado su preocupación por cómo se va a resolver la situación de las familias de las zonas más conflictivas, las de la 'zona 6'.

Por su parte, el edil popular Álvaro González ha valorado el "trabajo" de todos los actores para llegar a un acuerdo en el que en su opinión se asientan las "soluciones" para afrontar un problema que viene de los años 60. En su exposición ante el resto de grupos, el delegado Nacho Murgui ha defendido que el acuerdo supone el "primer paso" para regularizar la situación de las familias que residen en esta zona degradada.

El también segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid ha exigido, sin embargo, que "para evitar errores cometidos en el pasado" se cuente con el apoyo de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, organismo competente en materia de erradicación del chabolismo, realojo e integración social de las personas afectadas y familias afectadas.

"Solo así podremos llevar a cabo el realojo de los núcleos chabolistas de forma dispersa en el conjunto del territorio de la Comunidad de Madrid, evitando la conformación de guetos y perpetuando situaciones de marginación urbana", ha dicho el delegado.