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El Pleno del Ayuntamiento de Parla ha aprobado por mayoría que se inicien los trámites para anular los acuerdos que triplicaron el coste del tranvía de Parla (de 93 a 256 millones de euros) por ser "lesivos" para el Ayuntamiento y por haber sido adoptados de forma irregular por la Junta de Gobierno.

En un Pleno convocado a instancias del PP y celebrado esta misma tarde, los populares (once concejales), IU (cuatro concejales) y UPyD (un concejal) han votado a favor de esta anulación, mientras que el equipo de Gobierno del PSOE (once concejales) se ha abstenido.

Esta aprobación implica que, en un plazo de diez días, el Ayuntamiento de Parla, Tranvía de Parla SA y el Consorcio Regional de Transportes deberán volver a sentarse, determinar cuál es el coste real del tranvía y renegociar la deuda y su forma de pago.

El PP ha recalcado que el Pleno es competente para adoptar esta medida, ya que el punto 5 del Artículo 103 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dice que "si el acto proviene de las entidades de la administración local la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación".

Además de declarar lesivo este sobrecoste, UPyD ha introducido una enmienda a la moción del PP para que también la Junta de Gobierno del PSOE apruebe de oficio la revisión de los acuerdos que provocaron estos costes añadidos.

El portavoz del PP de Parla, Miguel Ángel López, ha manifestado a Efe que "aquí hay un clavo de más de 100 millones de euros sobre lo que realmente ha costado el tranvía que el Ayuntamiento quiere que paguen los vecinos de Parla".

"36 millones de euros de unas obras adicionales adjudicadas a dedo por Tomás Gómez; otros 42 millones que ya han sido pagados a través de los beneficios urbanísticos de Parla Este y que no han sido descontados de la deuda; más los intereses de la deuda, hacen un total de más de 100 millones de euros que deben quedarse fuera del pago con la renegociación", ha enumerado.

Ahora, Tranvía de Parla SA tiene un plazo de 10 días para presentar alegaciones y transcurrido ese periodo las tres partes deberían sentarse a renegociar la deuda.