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Un grupo de agentes de la Policía Judicial se ha personado hoy en la sede del Ayuntamiento de Getafe para pedir documentación sobre el caso Aparcamientos, en el que están imputados por una supuesta adjudicación irregular el exalcalde socialista Pedro Castro y cuatro concejales, tres del PSOE y uno de IU.

Los agentes, pertenecientes a la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de la Policía Judicial, han solicitado concretamente las actas de las Juntas de Gobierno del 16 de octubre de 2008 y del 5 de marzo de 2009.

El caso tiene que ver con la supuesta adjudicación irregular de los contratos públicos para la construcción y explotación de cinco aparcamientos en Getafe, hecho que fue denunciado por el PP de la localidad el 27 de mayo de 2009.

Las actas recogidas por la Policía Judicial pertenecen a dos Juntas de Gobierno en las que se aprobó la resolución del contrato suscrito el 29 de agosto de 2007 entre el Ayuntamiento de Getafe y la cooperativa Valdemorillo 2005 para la construcción y explotación mediante concesión de obra pública de uno de estos cinco aparcamientos, un aparcamiento subterráneo para residentes en la calle Valdemorillo.

Las obras de este aparcamiento nunca llegaron a comenzar y el contrato se resolvió por las protestas de los vecinos, que entendían que esta obra podía poner en peligro las viviendas si se dañaban las estructuras.

Finalmente, el Consistorio de Getafe decidió no ir en contra de los vecinos y suspender estas obras, pese a contar con informes técnicos favorables, y en las citadas Juntas de Gobierno se aprobó una indemnización de 244.000 euros en concepto de daños y perjuicios para la cooperativa Valdemorillo 2005.

Valdemorillo 2005 es una de las cinco cooperativas adjudicatarias de estos proyectos, que se crearon en la misma fecha, tienen la sede en el mismo domicilio (calle Madrid, 30) y pertenecen a la misma gestora, Roblepark SL.

El caso Aparcamientos se origina en julio de 2007, cuando la entonces concejala de Obras del Ayuntamiento de Getafe, Cristina González, adjudicó las obras y explotación de uno de estos cinco aparcamientos a una cooperativa presidida por su marido, José Miguel Vieito, de la que también formaban parte el padre y la madre de la edil, como secretario y tesorera, respectivamente.

En marzo de 2011, Cristina González declaró como imputada en el Juzgado de Instrucción número 7 de Getafe por un presunto delito de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Un año y medio más tarde, en octubre de 2012, se conocía que el Juzgado citaba a declarar en calidad de imputados al ex alcalde de Getafe, Pedro Castro, su hijo, el ex concejal de Hacienda David Castro, el ex concejal de Urbanismo y actual portavoz del PSOE, José Manuel Vázquez, y la edil de IU Sylvia Uyarra, quienes comparecieron a finales del mes de noviembre.

No se trata de la primera vez en la que la Policía Judicial se persona en el Consistorio getafense para recoger documentación sobre el caso, ya que el mes pasado solicitaron la declaración de bienes patrimoniales de los imputados.