Los errores en una concesión en el Parque Nacional de Guadarrama

Tres altos cargos del Gobierno regional están siendo investigados por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Colmenar Viejo por presuntas irregularidades en una concesión en el Parque Nacional de Guadarrama.

Concretamente, han llamado a declarar a Ricardo Riquelme, exdirector general de Medio Ambiente; Ismael Hernández, responsable de Espacios Protegidos; y Pablo Sanjuanbenito, codirector del parque tras una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Por un canon de 2.000 euros anuales, la Consejería de Medio Ambiente sacó a concurso el terreno en junio de 2014, que se acabó concediendo en agosto de ese mismo año a la única empresa que se presentó a la licitación.

El terreno, de 8.500 metros cuadrados, fue inaugurado en noviembre de 2016, fecha en la que Ecologistas en Acción habría informado a la Consejería de Medio Ambiente sobre las irregularidades que estaban teniendo lugar.

No obstante, la empresa encargada del servicio se marchó en otoño de 2017 y el Gobierno regional les tuvo que indemnizar con la cantidad de 314.000 euros.

La entidad ecologista, considera que la denuncia de la Fiscalía demuestra que la adjudicación "no era legal" y la propia Comunidad de Madrid reconoció "errores graves en el procedimiento", ya que "no fue el adecuado y se estableció unos usos que no son autorizables en un espacio protegido".En este sentido, denuncian que el 12 de diciembre del 2018 se volvió a sacar a licitación con otro pliego de condiciones y desconocen si se va a adjuntar. "Espero que recapaciten y que no sigan adelante", señalan desde la organización ecologista.

Por otro lado, también el actual subdirector general de Espacios Protegidos y el codirector del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama "están siendo investigados" en relación a un "procedimiento administrativo por el que se adjudicaron unas casas forestales en La Pedriza", según fuentes del Gobierno regional, que también han añadido la 'defensa procesal de los funcionarios a través de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid por considerar que "no ha existido ninguna conducta punible por su parte".