Prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el ex alcalde de Serranillos

  • El alcalde de Casarrubuelos dimite ocho días después de su detención

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el exalcalde de Serranillos del Valle (Madrid), Antonio Sánchez Fernández (del partido independiente UDMA), tras constara que fue "descubierto huyendo del Ayuntamiento con documentación probatoria que pretendía eludir de la acción de la justicia".

Velasco, que ha interrogado durante más de una hora a Sánchez Fernández en el marco de la investigación que se sigue contra la red Púnica de corrupción, le imputa indiciariamente los delitos de integración en organización criminal, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y fraude.

Tras proceder al examen las "cajas" que trató de sacar del Ayuntamiento este lunes, el juez ha dictado un auto en el que señala que "existe riesgo objetivo y concurrente" de que el político pretendía alterar elementos "relevantes" para la investigación del delito.

De igual modo, le considera "responsable de varias irregularidades en materia de contratación pública para beneficiar" al empresario de la construcción y presunto 'conseguidor' de la trama David Marjaliza.

TRABAJANDO SIN CONTRATO

En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga un contrato de eficiencia energética que el Ayuntamiento firmó con la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, con su "connivencia" y la del técnico municipal, Marco Durán, también imputado en este procedimiento.

También sospecha que en materia de gestión de centros deportivos las empresas de Marjaliza "habrían estado trabajando sin contrato público que lo amparase" aunque con posterioridad las autoridades municipales trataron de articular "un procedimiento de contratación predeterminado" en cuya redacción de los criterios de adjudicación habría intervenido el propio empresario.

Para amparar estos trabajos, según explica la resolución judicial, los responsables municipales habrían ordenado la elaboración de "informes y facturas falsas", a fin de "posibilitar que se libraran las cantidades económicas necesarias para pagar a David Marjaliza".

"RIESGO DE FUGA"

Velasco acuerda el ingreso en prisión del imputado al considerar que, a pesar de su "arraigo domiciliario, familiar y laboral", existe el "riesgo de fuga" tanto por la pena que podría imponérsele como por "sus recursos y medios de acudir al extranjero y sustraerse así de la acción de la Justicia española".

También destaca la "facilidad" que suele tener una organización criminal como la investigada para "dotar de medios económicos a sus componentes" a fin de "facilitar su huída y permanecer lejos de la actuación de los tribunales españoles", lo que, según el juez, convertiría la causa en "una frustración".

De igual modo, el juez justifica el ingreso en prisión del exalcalde a tenor de "las redes clientelares delictivas descubiertas, la alta probabilidad de reiteración delictiva, la diversidad de las irregularidades administrativas detectadas y su imposición a funcionarios públicos bajo su mando".

TRES HORAS DE COTEJO

El magistrado decidió interrogar al exprimer edil de Serranillos después de que durante casi tres horas el secretario judicial de su juzgado y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil procedieran a revisar, en su presencia, la documentación que trató de sacar de las dependencias municipales.

Según fuentes jurídicas, los efectos personales que pretendía llevarse del Ayuntamiento le han sido devueltos y los informes oficiales se han incorporado a la causa.

El lunes el juez envió este lunes a una patrulla de la Guardia Civil de Griñón al Ayuntamiento de Serranillos tras recibir un aviso de que el todavía alcalde se había personado en las instalaciones municipales con varias "cajas" vacías y estaba llenándolas de documentación, "probablemente para llevárselas".

Sánchez Fernández, que presentó este lunes su dimisión, fue detenido en el marco de la 'operación Púnica' después de que se le atribuyeran cuatro delitos que, tras su declaración, se han elevado a ocho. La Guardia Civil, sin embargo, le puso en libertad por motivos de salud.

DIMITE EL ALCALDE DE CASARRUBUELOS

El alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP), ha decidido finalmente presentar su dimisión tras ser detenido hace ocho días en el marco de la 'operación Púnica', según han informado fuentes municipales, que también han detallado que ha entregado su acta de concejal.

En una carta remitida a los vecinos, el todavía alcalde ha explicado que estar al frente del Ayuntamiento "exige una entrega del cien por cien" y en este momento su "situación personal" no le permitiría seguir "con la atención y esfuerzo" que hasta ahora ha mantenido.

"Por esta razón, comunico mi renuncia como alcalde esperando que la situación se aclare lo antes posible", ha señalado el primer edil. El segundo teniente de alcalde de Casarrubuelos, Juan José Huélamo, que Sánchez seguirá siendo regidor hasta el Pleno en el que se notifique su renuncia. La ley en vigor da un plazo de diez días como máximo para convocar este Pleno.

ULTIMO ALCALDE IMPLICADO

Se trata del último alcalde implicado en la trama que quedaba por dimitir, después de que ayer lo hiciera el de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez, y su homólogo en Valdemoro, José Carlos Boza, anunciara desde la cárcel su intención de hacerlo.

Aunque desde el PP de Madrid llevan días tratando de conseguir que renunciara a su cargo, no ha sido hasta hoy cuando ha tomado la decisión. En este caso una moción de censura no era posible porque la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) impide que un concejal pueda firmar durante su mandato más de una.

A mediados de junio de 2012 IU perdió la Alcaldía después de que prosperara una moción de censura presentada por los cuatro concejales del PP y los dos de la Asociación Vecinal de Casarrubuelos (AVC).Rodríguez fue puesto en libertad y sin medidas cautelares por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El pasado viernes acudió al Ayuntamiento retomando sus funciones como alcalde.

LA OPOSICIÓN EXIGE ADOPTAR 10 MEDIDAS URGENTES CONTRA LA CORRUPCIÓN EN VALDEMORO

La oposición de Valdemoro en bloque, integrada por los grupos municipales de PSOE, IU, UPyD, PIVV y Proyecto TUD, ha emitido un comunicado, en el que exigen al gobierno local en funciones que adopte diez medidas urgentes contra la corrupción y que garanticen la gobernabilidad del Ayuntamiento.

En el escrito se pone de manifiesto que los grupos citados van a emprender acciones "en pos de la regeneración democrática, la transparencia y la dignidad de los ciudadanos a los que representamos". En esta línea, exigen la dimisión inmediata de todos los miembros del Equipo de Gobierno imputados en las diferentes causas de la denominada Operación Púnica, así como de los funcionarios municipales que también tengan la calificación de imputados.

Asimismo, han solicitado la cancelación del contrato con la empresa Cofely, una de las principales implicadas en la trama, y de otros que se deriven de las investigaciones en marcha.

También piden la convocatoria de una comisión de investigación de los contratos de privatización de servicios públicos, que esté presidida por un miembro de la oposición, así como la creación de una comisión informativa especial, en la que se investiguen las recalificaciones de suelo en el período 1999-2011.