Confirman el procesamiento de los responsables de la venta de viviendas públicas en Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de los responsables de la venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo de inversión acometida por la exalcaldesa Ana Botella en 2013, tras desestimar el recurso presentado por los dos procesados ante la decisión del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid.

En un auto con fecha 5 de diciembre al que ha tenido acceso Efe y que ha adelantado este lunes la Cadena Ser, la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid desestima los recursos presentados por el exconsejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Fermín Oslé y del apoderado de Fidere, Alfonso Benavides.

De esa forma la Audiencia Provincial de Madrid avala la continuidad de un proceso que ordenó reabrir el pasado mes de mayo por segunda vez.

Lo hace después de que el Tribunal de Cuentas revocase en segunda instancia la condena a la exalcaldesa Ana Botella y seis de sus ediles, que previamente habían sido condenados a abonar 22,7 millones de euros por una venta sin publicidad pública ni concurrencia y por debajo de su precio.

Según la Audiencia Provincial, "no se puede pretende establecer un mimetismo" entre la investigación penal y de la del Tribunal de Cuentas "donde se enjuiciaba, exclusivamente, la responsabilidad contable de quien tenía a su cargo el manejo de fondos públicos".

Y agrega que la "suerte" de un proceso "no ha de ir vinculada inexorablemente a la del otro" aunque se aludiese en el procedimiento penal al fallo en primera instancia del Tribunal de Cuentas.

La Audiencia Provincial señala sin embargo que el auto en instrucción no llegó a la "exhaustividad deseable" pero no estima los recursos de los procesados.

Este caso deberá dirimir, según la Audiencia, "si la negociación previa y la transmisión se llevó a cabo respetando los principios aplicables a la contratación pública" y "no mediante la creación de una mera apariencia de libre concurrencia, que no real".

"No puede desconocerse que no hubo una concurrencia de eventuales compradores con carácter público ni una fijación previa del valor de los inmuebles desde el inicio del proceso de venta, salvo una valoración de los activos realizada por una consultora", señala la Audiencia, que también pone en cuestión el papel de la intermediaria Itaca, que obtuvo un 2% del total de la venta.

Deberá determinarse además si el precio definitivo "fue fruto real de todo ese proceso de publicidad y concurrencia o si el mismo fue una mera apariencia para dar cobertura a una decisión previa de venta en favor" en favor de Fidere.

Además, en respuesta al apoderado de Fidere, señala que "el hecho de comparecer como apoderado de la compradora era acto suficiente para constituir la participación accesoria en la comisión de los delitos de los que era autor propio el investigado Fermín Oslé", aunque lo desvincula de la actuación de la intermediaria.

En junio el Juzgado de instrucción número 28 de Madrid prohibió a Fidere vender o alquilar libremente las 1.860 viviendas sociales compradas al Consistorio de la capital y fijó una fianza de 19 millones de euros a Fermín Oslé y a Benavides en calidad de en calidad de "responsables civiles directos".