El juez del caso Púnica ha citado como investigado el martes que viene al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir en relación con adjudicaciones de la Comunidad de Madrid a la constructora y por posibles amaños en la concesión de las obras del metro de Madrid y del metro ligero de Boadilla del Monte.
En un auto, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón emplaza ese día como investigadas a cinco personas, entre ellas Villar Mir, su yerno Javier López Madrid (exconsejero de OHL que ya prestó declaración en esta causa) y Jesús Trabada, ex consejero delegado de la empresa pública Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra), que adjudicó las obras del metro.
Los tres están ya siendo investigados en otra causa de corrupción, el caso Lezo, en concreto por la adjudicación a OHL de la construcción de un tren entre Navalcarnero y Móstoles (Madrid) que no se llegó finalmente a realizar.
LA AGENDA INTERVENIDA A FRANCISCO GRANADOS
En el escrito, el juez afirma que se produjo una presunta "adjudicación concertada de contratos desde la Comunidad de Madrid a las empresas de Juan Miguel Villar Mir", y añade que en una agenda intervenida a Granados se ha identificado a OHL como empresa que presuntamente donó dinero al Partido Popular de Madrid, unos hechos que se investigan en la pieza sobre la financiación irregular de esta formación.
"El esclarecimiento del conocimiento y participación de Juan Miguel Villar Mir, como Presidente de OHL, aconseja que se le reciba declaración con el máximo de garantías que proporciona el estatus de investigado", dice el juez, que imputa a los investigados de los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, organización criminal y falsificación.
El magistrado imputa también al exdirector del departamento de construcción de OHL Rafael Martín Nicolás (investigado en Lezo), a Javier Aldavert Piñol y Antonio Martín Jiménez (directivos de la empresa Obrum, adjudicataria de las obras del metro) y a la apoderada de Waiter Music Ana Isabel Soria.
Llama asimismo a declarar de nuevo en la causa como imputados a José Luis Huerta (marido de Soria) y a Edelmiro Galván. Estas ocho personas deberán acudir a la Audiencia Nacional los días 6 y 13 de febrero.
Entre otras cosas, el juez los cita en relación a adjudicaciones efectuadas por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2004, cuando la presidía Francisco Granados, en las que se ha evidenciado, dice García-Castellón, "la existencia de tratos de corrupción, dirigidos a la adjudicación concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas, previo pago de comisiones".
Estos contratos se refieren, dice el juez, a "la construcción de determinados tramos de líneas de metro y metro ligero" que fueron adjudicados desde Mintra "con la indiciaria participación y conocimiento de su consejero delegado Jesús Trabada".
Granados garantizó, según el auto, "un lote de adjudicaciones a favor de la empresa Obrum", vinculada al "conseguidor" de la Púnica David Marjaliza, a cambio del pago de "importantes comisiones" que cobró Marjaliza a través de un contrato entre su empresa Aruba y Obrum (representada por Aldavert, uno de los citados) que se halló en correos intervenidos.
En este amaño participó también López Madrid, quien ayudó a Obrum aportando "las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan, del grupo Villar Mir" para que pudiera presentarse a los concursos formando una UTE con otras empresas.
Según el juez, López Madrid siguió con esta dinámica entre 2004 y 2011, cuando Granados era consejero de Presidencia e Interior.
García-Castellón destaca también que otros correos de 2007 entre Marjaliza, Aldavert y José María Alonso Sotelo "relatan el reparto de comisiones respecto a una obra de la mercantil Dragados, justificadas con facturación de cobertura".
Para García-Castellón, la declaración el pasado 17 de enero de Marjaliza, que está colaborando con la Fiscalía, "reforzó la verosimilitud de los indicios que se han ido recabando y ha permitido conocer el reparto de dichas comisiones entre Francisco José Granados Lerena, David Marjaliza Villaseñor y Javier López Madrid". Además, dice, "ha situado en el acuerdo criminal al propietario actual de la sociedad Avintia, Antonio Martín Jiménez, que en la fecha de los hechos era ejecutivo de Obrum".
López Madrid recibía de las comisiones de Marjaliza con un sistema de facturación falsa entre dos sociedades propiedad de uno y de otro, Siacapital y Vancouver Gestión, y luego de ellas salían fondos en efectivo para pagar a Granados y otras terceras personas, afirma el auto.
Además de la concesión de las obras, los contratos adjudicados por Mintra incluían también la obligación del adjudicatario de pagar las inauguraciones y primeras piedras del metro, unos eventos que siguieron bajo el control de Granados aún después de 2004, cuando dejó de ser consejero, ya que consiguió dárselos a la empresa de la Púnica Waiter Music.
OHL NIEGA CUALQUIER IRREGULARIDAD EN LAS LICITACIONES
El grupo constructor OHL ha negado hoy cualquier irregularidad en los procesos de licitación y contratación en los que ha participado, y ha recalcado que todos ellos se han ejecutado "con la máxima transparencia" y "de acuerdo a la Ley y a las mejores prácticas de gobierno corporativo".
Fuentes de OHL han recordado que Villar Mir dejó la presidencia del grupo constructor en junio de 2016 y que en la actualidad no ocupa ningún puesto en la empresa.
Estas fuentes han recordado también que su yerno, Javier López Madrid, nunca ha ocupado cargos directivos en OHL y que dejó su puesto de consejero en mayo de 2017.
Según las fuentes citadas, OHL "mantiene una política de tolerancia cero" con la corrupción y, desde su fundación, en 1911, "ningún directivo ni empleado del grupo ha sido nunca condenado por ningún supuesto de corrupción".
El consejo de administración de OHL -han señalado las fuentes de la empresa- "trabaja para asegurar que todos los empleados y directivos del grupo cumplan siempre, no sólo con la legislación aplicable y con las más exigentes prácticas de buen gobierno corporativo, sino también con su Código Ético y su Política Anticorrupción".
