Rechazada en Bruselas la petición de revisión de Madrid Central planteada por Más Madrid

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido este jueves cerrar la petición presentada por Más Madrid para analizar el "retroceso" que esta formación considera que representa el nuevo Madrid Central, al sumar mayoría de votos 'populares' y liberales, que pedían archivar el caso, frente a socialistas, verdes e izquierda europea.

El caso ha sido expuesto en sesión parlamentaria por la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, quien ha defendido que el plan inicial de Madrid Central permitió reducir en hasta un 20% las emisiones de dióxido de carbono en el centro de la ciudad, mientras que la nueva estrategia introducida por el siguiente gobierno municipal ha supuesto una "regresión" tanto en medidas como en resultados.

"Los valores de NO2 son obligatorios para todas las urbes europeas desde enero de 2010, desde entonces, Madrid ha superado de manera continua y persistente tanto los umbrales anuales como los horarios".

Maestre ha criticado también que 'Madrid 360' no hay asido aprobada por "ningún órgano ejecutivo ni legislativo" ni se haya informado de si la Comisión Europea ha emitido una evaluación sobre el mismo, al tiempo que ha recalcado que tampoco durante los periodos de mayores restricciones a la movilidad durante la pandemia los límites de emisiones en Madrid se han situado por debajo de los umbrales que impone la UE.

Por todo, ello, la representante de Más Madrid, que ha recordado que junto a Equo han llevado el asunto también a los tribunales españoles, ha solicitado el "amparo" de la Eurocámara para exigir al Ayuntamiento de Madrid que dirige José Luis Martínez-Almeida la "eliminación" de toda medida que suponga una regresión en Madrid Central y también que "la estrategia 360 cumpla con los trámites y transparencia que exige la UE".

PPE y Liberales

En este contexto, varios eurodiputados del Partido Popular Europeo y de Liberales han tomado la palabra para defender la gestión del nuevo consistorio y reclamar que se cerrara la petición, entre ellos Pablo Arias (PP), quien ha tachado de "chapuza" el proyecto de Madrid Central porque carece de seguridad Jurídica, o Susana Solís (Cs), para quien la nueva ordenanza municipal va "en la buena dirección" y "no hay una situación de urgencia en Madrid".

Socialistas, Demócratas, Verdes e IE

Frente a 'populares' y liberales se han posicionado tres grupos --Socialistas y Demócratas, Verdes e Izquierda europea que, sin embargo, no suman los votos suficientes para revertir la posición de cerrar la petición.

Madrid, caso abierto

Los eurodiputados de estos tres grupos han pedido que el caso siguiera abierto al menos hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la denuncia de Bruselas contra Madrid por exceder de manera continuada los límites de contaminación fijados por la UE.

Según han defendido en el debate, las reglas de la comisión de Petición del Parlamento Europeo no permiten cerrar una petición cuando se refiera a asuntos sujetos a procedimientos de infracción abiertos y pendientes de resolución del Tribunal de Justicia como, la eurodiputada de Unidas Podemos Sira Rego ha recalcado en su intervención.

La presidenta de la comisión parlamentaria, la eurodiputada del PP Dolors Montserrat, sin embargo, ha considerado que el cierre del expediente estaba justificado por un apoyo mayoritario de eurodiputados y por entender que la solicitud no se corresponde estrictamente al procedimiento de infracción abierto en la Justicia europea.

En este sentido, Montserrat ha argumentado que la infracción medioambiental por la que la Comisión Europea ha llevado a Madrid ante el Tribunal europeo se refiere al incumplimiento de la directiva durante el periodo 2010-2017, un periodo del que "no habla la petición", ya que el plan 'Madrid 360' no empezó a tener vigor hasta 2019.

La eurodiputada del PP también ha puesto en valor que el Ayuntamiento de Madrid defiende la eficacia de las nuevas medidas porque han permitido reducir las emisiones de dióxido de carbono en límite horario durante 2020, como ha expuesto en el debate la responsable de planificación e infraestructuras de movilidad, Lola Ortiz Sánchez.

Vista sobre Madrid en el TJUE

No obstante, durante el examen de la petición también ha tomado la palabra un experto de la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, José Manuel Servet, quien ha considerado prematuro posicionarse sobre algunas de las demandas de Más Madrid hasta que haya una sentencia del Tribunal europeo.

Servet ha adelantado que el Tribunal con sede en Luxemburgo celebrará la vista sobre este asunto el próximo 10 de febrero, aunque no se conoce todavía una fecha para la sentencia definitiva.

"En estos momentos del procedimiento no sería prudente ni oportuno que la Comisión (Europea) pudiera pronunciarse sobre la ambición o contenido o sobre el respeto de las exigencias", ha opinado el representante comunitario, quien ha dicho que tal examen llegará tras la sentencia.

En todo caso, Servet ha señalado que los valores límite de dióxido de carbono son obligatorios para todas las urbes europeas desde enero de 2010 y que, desde entonces, la ciudad de Madrid ha superado "de manera continua y persistente" tanto los umbrales anuales como los horarios.

Pandemia y polución

También ha confirmado que los datos oficiales correspondientes a 2020 "muestran claramente" que el valor anual de emisiones en la ciudad de Madrid "superaba aún" los limites europeos, si bien se percibe una "mejora significativa" respecto a años anteriores.

"Le corresponde al Estado miembro decidir qué tipo de medidas poner en marcha siempre que respondan a la exigencia de corregir la infracción en el plazo más corto posible"

Esta mejora, ha matizado, debe verse con cautela dado que se corresponde al periodo de máximas restricciones a la movilidad por la pandemia de coronavirus.

El experto del Ejecutivo comunitario ha añadido que existe una obligación por las autoridades de cumplir los límites de contaminación fijados por la UE, pero que le corresponde al Estado miembro decidir qué tipo de medidas poner en marcha siempre que respondan a la exigencia de corregir la infracción en el plazo "más corto posible".