Rivas propone acelerar los realojos de Cañada Real y garantizar la luz

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha propuesto este martes la creación de un Consorcio de la Cañada Real, con presencia de las tres administraciones (Gobierno, Comunidad y Ayuntamientos) para avanzar y agilizar una solución para la zona y garantizar los derechos fundamentales de su población.

Esta figura, regulada en la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, permite a varias administraciones públicas actuar de manera coordinada y con una gestión eficiente para abordar competencias de interés común.

Una propuesta que llega después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales, que depende del Consejo de Europa, haya constatado que España ha vulnerado varios derechos recogidos en la Carta Social Europea en la Cañada Real Galiana, en Madrid, según ha avanzado 'El País' este martes y ha confirmado Europa Press.

En este poblado de infraviviendas viven unas 4.500 personas, 1.800 de ellas niños y niñas que llevan más de cuatro años sin luz.

La alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo, ha defendido que la creación de este consorcio aseguraría una gestión más eficaz de los recursos destinados a la Cañada Real.

"Hace posible que la solución a Cañada se agilice para garantizar el derecho a una vivienda digna cuanto antes, al tiempo que también se garantiza el suministro eléctrico hasta que finalice el conjunto de realojos", ha indicado la regidora.

El consorcio tendría como prioridad, según el Ayuntamiento ripense, acelerar la ejecución del plan de realojos establecido en el Pacto Regional de la Cañada Real, que cuenta con una dotación de 330 millones de euros para los próximos diez años.

Este plan, que se está desarrollando con la coordinación de todas las administraciones, es clave para garantizar el derecho a una vivienda digna de las familias que residen en uno de los mayores focos de exclusión social de Europa.

Para la alcaldesa, la creación del consorcio permitiría "una implicación directa del Gobierno central en la gestión, asegurando que los fondos transferidos a la Comunidad de Madrid se traduzcan en soluciones concretas".

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE EUROPA

En cuanto a la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que da un plazo de cuatro meses para que el Consejo de Europa "determine cuáles son las actuaciones que debe tomar el Estado español", el Ayuntamiento de Rivas ha recalcado que "pone de manifiesto una vulneración de derechos que requiere soluciones inmediatas".

En este sentido, Rivas ha reiterado que el suministro eléctrico en la Cañada "debe garantizarse mientras se completan los realojos previstos". "Actualmente, en los sectores 4 y 5 de la Cañada, situados en el término municipal de Rivas, hay suministro eléctrico, aunque con problemas puntuales debido a la sobrecarga de la red por cultivos ilegales así como por el incremento poblacional debido al efecto llamada", ha recordado el Consistorio.

Para coordinar las acciones en la zona, el Ayuntamiento constituyó la mesa vecinal de Cañada, donde las asociaciones que representan a vecinos y vecinas, así como las entidades que intervienen, junto al Comisionado de Ciudad, ponen en común los problemas del día a día.

"No podemos permitir que estas situaciones sigan perjudicando a las familias. Necesitamos recursos y una gestión coordinada que el Consorcio puede ofrecer", ha señalado la alcaldesa.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Rivas ha subrayado que continúa trabajando para ejecutar su parte del plan de realojos, "dando acceso a la vivienda digna a las familias más vulnerables de Cañada, tanto en Rivas como en otros municipios de la región".

En paralelo, además, ha reiterado su "compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de los vecinos y vecinas de la Cañada Real, especialmente en un contexto en el que el invierno agrava la situación de vulnerabilidad".