Rivas solicita a la Comunidad de Madrid su declaración como zona residencial tensionada y esta se lo niega

Rivas Vaciamadrid (Madrid) registró este miércoles, en la sede de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, la solicitud de declaración como zona residencial tensionada, así como su plan específico de medidas, tal y como establece la Ley por el Derecho a la Vivienda.

La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, señaló que “Rivas es una referencia en materia de vivienda pública y protegida y va a seguir siéndolo, con la construcción de las 83 viviendas de alquiler joven y el ‘VII Plan de la Empresa Municipal de Vivienda’. Con esta declaración de zona tensionada buscamos proteger aún más el derecho de la ciudadanía ripense a vivir en nuestra ciudad”.

Según el informe técnico emitido por la Empresa Municipal de Vivienda de Rivas, la ciudad cumple con los requisitos establecidos en la legislación, que busca garantizar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía.

La declaración de zona residencial tensionada es una herramienta de la ley por el Derecho a la Vivienda, que solo pueden efectuar las comunidades autónomas y que permite a los ayuntamientos aplicar medidas específicas para contener el aumento de los precios del alquiler y limitar las rentas de los grandes tenedores.

En este sentido, la alcaldesa recordó que “la vivienda es un problema estructural en nuestro país” y que “es una obligación de todas las administraciones trabajar para garantizar el derecho a la vivienda del conjunto de la población, especialmente en momentos como los que vivimos ahora en los que cada vez destinamos más ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca”.

MEDIDAS CONTEMPLADAS

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Yasmin Manji, detalló las medidas que contempla el plan específico, entre las que destacan “la obligación de una prórroga extraordinaria anual para el arrendamiento tras la finalización del contrato por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor” o que “los nuevos contratos a nuevos inquilinos se limite el precio del alquiler a la renta del contrato anterior”.

En este último caso, se establece como excepción una posible subida de hasta un 10% sobre el precio del último contrato si se hubieran efectuado obras de rehabilitación o mejora, de accesibilidad o que supongan un ahorro de energía acreditado en los dos años anteriores, o que el contrato se firme por un periodo mínimo de 10 años.

Del mismo modo se establece, según explicó Manji, la condición de gran tenedor a aquellos titulares de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial y la limitación de los precios de alquiler de sus viviendas y las de aquellas personas propietarias de viviendas que no hubiesen estado arrendadas en los últimos cinco años.

También se propone “la aplicación a los propietarios de los incentivos fiscales previstos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para el alquiler de larga duración en las zonas tensionadas, estimulando así también la salida al mercado del alquiler de las viviendas vacías”.

Por último, se solicita la convocatoria de nuevas ayudas para el incremento del parque público de viviendas en alquiler. La Empresa Municipal de Vivienda de Rivas es la empresa pública de la Comunidad de Madrid con mayor número de viviendas en su parque propio de alquiler en términos relativos.

“Con este plan específico de vivienda solicitamos que las administraciones competentes, tanto la Comunidad de Madrid como al Gobierno de España, acompañen a los ayuntamientos con financiación para el incremento del parque público de viviendas”, concluyó la concejala de Urbanismo.

LA COMUNIDAD RECHAZA DECLARAR RIVAS COMO ZONA TENSIONADA

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha dicho que la respuesta que le darán al Ayuntamiento de Rivas para que sea declarada zona tensionada será la misma que al resto de los alcaldes socialistas que lo han solicitado, y que les ha sido rechazada, porque considera que la Ley de Vivienda estatal que contempla esta catalogación “va en sentido contrario” al modelo del Gobierno regional.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García ha dicho que con esta petición la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, “quiere poner en marcha recetas que ya se ha demostrado que no funcionan” y ha insistido que el modelo que defiende el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para favorecer el acceso a la vivienda es “que haya más oferta, más vivienda en el mercado” y dar mayor “seguridad jurídica” a los propietarios.

Para García, “lo más importante” para solucionar el problema de la vivienda "es generar seguridad jurídica” y descarta que el Gobierno de Díaz Ayuso tome en consideración “medidas que se saca de la chistera” el PSOE como retirar la limitación de 15 y 10 años de la vivienda protegida de la Ley regional de Protección Pública a la Vivienda para que mantenga la protección de manera permanente.

Igualmente, el portavoz del Ejecutivo regional ha cargado contra la ley de Vivienda estatal y contra su ministra, Isabel Rodríguez, al criticar que “cuando tienes un ministro que no es capar de poner en marcha medidas que vayan en buena dirección, tratas de buscar cómplices fuera de tu gestión u otros que hagan ese esfuerzo”. En este sentido ha urgido a Rodríguez a trabajar para “generar seguridad jurídica”, para poner en marcha una “ley antiocupación”, para “derogar la ley de Vivienda, recurrida por todas las comunidades” para poder, según ha dicho, “dar una respuesta a muchísimos españoles que están pidiendo una solución al acceso a la vivienda”. “Cuando no tienes ideas, parece curioso que busques al culpable o al cómplice fuera de tu gestión”, ha insistido García.