Sánchez declara que "no sabía" que el expediente incluía una cooperativa de su hermano

  • Dice que las "acusaciones" están fundamentadas en "las falsedades" del PP, lo que ha quedado demostrado

La exdiputada de IU Tania Sánchez ha declarado por el caso Aúpa, en el que se le imputan presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, tras lo cual su abogado ha negado que ella supiera que el expediente en el que no se inhibió incluía una empresa de su hermano.

A su llegada al Juzgado de Instrucción número 6 de Arganda del Rey, Sánchez ha dicho que estaba "tranquilísima" y satisfecha por poder explicar las "falsedades" en que se basa la querella presentada por el PP.

El abogado de la excandidata autonómica de IU, Gonzalo Boye, ha apuntado a la salida que, durante el pleno en el que se aprobó el contrato a Aúpa, todos los ediles aprobaron por unanimidad el expediente en que se apoyaba la adjudicación, y ha añadido que Sánchez no sabía que ese expediente incluía a la cooperativa Aúpa.

El abogado ha añadido que el punto en que se aprobaba ese contrato estaba respaldado por una memoria realizada por los técnicos y servicios jurídicos municipales, por lo que todos los concejales lo aprobaron por unanimidad, incluidos los querellantes.

LA VERSIÓN DEL ABOGADO

En este sentido, el abogado ha sostenido que "el PP tuvo evidentemente la oportunidad de impugnar el acuerdo en ese pleno".Boye ha asegurado que las características de cada adjudicación vienen especificadas en la memoria e informes municipales, y ha apostillado: "tú no revisas las 40, 500 o 1.000 páginas del informe".

La exdiputada ha sido llamada a declarar para explicar uno de los contratos que el Ayuntamiento de Rivas adjudicó en 2008 por valor de cerca de 137.000 euros a su hermano, Héctor Sánchez, que era socio y administrador único de la cooperativa Aúpa.No obstante, el abogado ha hecho referencia a otro contrato de 2.500 euros.

Por su parte, Sánchez ha dicho que en su declaración, que ha durado cerca de veinte minutos, ha explicado a la jueza todas las "falsedades y mentiras" en que el PP ha basado la querella.

Sin embargo, la exdiputada no ha querido contestar a las preguntas de los periodistas sobre si considera que había un "conflicto ético" por no haberse inhibido en la adjudicación de los contratos a Aúpa, y ha aseverado que ya ha dado "todas las explicaciones políticas necesarias" a este respecto.

También ha opinado que ahora no es momento de pensar en si se reincorporará a la primera línea de la política. Boye ha coincidido en que la querella del PP se basa en "falsedades", como que el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, participó en la fundación de la asociación Pecados Capitales o que los contratos eran "ilegales o ilegítimos", algo que ha quedado "demostrado y perfectamente claro" con documentos.

"El siguiente paso lógico es el sobreseimiento y la exigencia de responsabilidades a las personas que han hecho todo este daño a Sánchez", ha apostillado el abogado, quien se ha mostrado seguro de que la jueza va a actuar "conforme a derecho" y ha pedido que "se deje hablar a la justicia".

Hoy también ha declarado el padre de Tania Sánchez y exconcejal de Rivas, Raúl Sánchez, quien ha llegado y ha salido solo del juzgado, y no ha querido hacer declaraciones aunque ha reconocido que la situación "le supera" y le provoca "nerviosismo", especialmente "por la expectación que genera".

El último en prestar declaración ha sido el hermano de Sánchez y administrador único de Aúpa, Héctor Sánchez, quien también se ha negado a hacer declaraciones, amparándose en que no es un personaje público.

En la misma causa declaró este lunes el alcalde de Rivas, Pedro del Cura (IU), quien dijo estar "tranquilo" y satisfecho después de haber podido "aclarar" ante la juez las "falsedades" de las que se le acusa.Además, el regidor manifestó que no se plantea dimitir, al menos hasta que se conozca el fallo de la juez.

La investigación se está llevando a cabo a raíz de una querella presentada en enero pasado por el PP, en la que se denuncia una serie de contratos supuestamente irregulares, adjudicados durante la etapa de Tania Sánchez como concejal de Rivas por cerca de 1,2 millones de euros, entre 2002 y 2008, a la cooperativa Aúpa.